Los diecisiete magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) firmaron ayer un escrito en el que indican que están convencidos de que las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia actualmente en huelga indefinida son "moralmente justas y jurídicamente fundadas".
Según fuentes del Alto Tribunal, a esta manifestación de apoyo se han adherido dos magistrados de la sala de lo militar del Supremo, José Luis Calvo Cabello y Ángel Juanes.
La huelga indefinida en la administración de Justicia no transferida comenzó el pasado 4 de febrero, convocada por los sindicatos CCOO, CSI-CSIF, UGT y STAJ en demanda de la equiparación salarial con los funcionarios de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.
El texto firmado por los magistrados de la sala de la penal indica que los funcionarios "reclaman un trato económico igual para profesionales que realizan trabajos equivalentes y, además, desarrollados en el marco de la misma actividad estatal".
Además, expresan su preocupación por la "grave situación" creada y por sus "inevitables efectos negativos" en el desarrollo de la actividad jurisdiccional de los órganos afectados".
La sala de lo penal también expresa su deseo de que se produzca "una pronta y justa solución del conflicto"
El presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, no firma este escrito porque participó el pasado lunes en la Sala de Gobierno del TS, que aprobó, por unanimidad, un acuerdo en el que constataba la incidencia que la huelga "está teniendo en el ejercicio de la función jurisdiccional" de este tribunal y pedía que se solucionara el conflicto a la mayor brevedad posible.
Según las mismas fuentes, desde que comenzó la huelga no se celebran vistas de lo penal y apenas se notifican sentencias, cuando lo normal es que se notifiquen cerca de medio centenar al día.
La convocatoria afecta a unos 9.500 trabajadores de siete comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Baleares y Asturias) más Ceuta y Melilla, así como el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado, el Registro Civil Central, los Juzgados Centrales de lo Contencioso y el Instituto Nacional de Toxicología.
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