CCOO considera "imprescindible" que el nuevo Gobierno establezca una discusión "integral" sobre el futuro de correos y el servicio postal público. El sindicato, a través de un comunicado, recordó que el 27 de febrero se publicó la Tercera Directiva Postal Europea, que abrirá completamente a la competencia los mercados postales, poniendo fin en enero de 2011 a los ya "exiguos monopolios actuales".
CCOO recordó que tras un debate iniciado en 2006, se considera que se ha producido un "pequeño avance" en el cuándo (2011 frente a la propuesta inicial de 2009), pero "pocas modificaciones sobre el cómo, en una Directiva que presenta más interrogantes y riesgos que soluciones para el futuro del servicio postal público y de sus dos millones de trabajadores en Europa".
Entre otros motivos, aduce Comisiones Obreras porque la nueva Directiva Postal "no impide" que muchos Gobiernos adelanten el proceso de liberalización; porque "no establece criterios claros sobre el modo de financiar el Servicio Postal Universal, claramente deficitario" en amplias zonas, fundamentalmente del ámbito rural; porque "no garantiza el empleo"; y, sobre todo, porque con un "claro matiz desregulador", deja en manos de los Gobiernos la elección de una serie de "soluciones nacionales a la carta" para cada uno de los elementos que integran la regulación postal en Europa.
En definitiva, una Directiva cuya "transposición en cada Estado de la Unión será clave y en la que los Gobiernos tendrán mucho que definir y los sindicatos mucho en lo que intervenir en un debate que determinará el futuro del servicio público, del modelo de empresa y de los contenidos de la negociación colectiva que en nuestro país afecta a 68.000 trabajadores en Correos y a más de 50.000 en el sector privado".
Para CCOO, la posición liberalizadora del Gobierno en el proceso de discusión se ha unido, en la legislatura que ahora toca a su fin, a un "serio intento de modificar unilateralmente la regulación del sector adelantándose a la Directiva, con una clara tendencia desreguladora en beneficio de los operadores privados y poniendo en riesgo la viabilidad de Correos, del servicio público y del empleo".
Por ello, el sindicato considera "prioritario negociar con el próximo Gobierno, buscando el diálogo social y con el máximo consenso, una transposición de la Directiva a la regulación española, mediante la puesta al día de la Ley Postal".
Así, CCOO defiende un Pacto de Estado por el futuro del Correo, con medidas orientadas a definir el marco de regulación del mercado, a garantizar la prestación del servicio público, a modernizar el modelo empresarial y a mejorar el marco de derechos laborales del sector, evitando la precariedad como herramienta competitiva. CCOO, desde la responsabilidad de ser el primer sindicato de nuestro país y también de Correos, va a defender con firmeza estos objetivos con un único fin: garantizar y mejorar la prestación del servicio postal público y las condiciones laborales de los 68.000 trabajadores que lo hacen posible.
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