31 de octubre de 2024
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Trabajo realizará 228.000 visitas en 2008 para detectar empleo sumergido

Trabajo realizará 228.000 visitas en 2008 para detectar empleo sumergido

El Ministerio de Trabajo anunció ayer que tiene previsto realizar unas 228.000 visitas en 2008 para detectar el empleo sumergido y el trabajo de extranjeros en situación irregular.

El Ministerio informó en una nota que ampliará los 208.000 servicios que realizó en 2007, en los que se detectaron un total de 25.813 extranjeros en situación irregular y analizaron 288.253 contratos temporales.

Estas actuaciones permitieron, según Trabajo, imponer sanciones por un importe superior a los 78 millones de euros y transformar en indefinidos 50.154 contratos temporales.

La lucha contra la economía sumergida y otras formas de precariedad laboral, como la siniestralidad, se han convertido, de acuerdo con la nota, en uno de los objetivos del Gobierno en la próxima legislatura.

Por este motivo, el Ministerio tiene previsto incrementar un 30% el número de inspectores y subinspectores de trabajo, y así cumplir con su propósito de "alcanzar" los ratios medios del resto de países de la Unión Europea.

Trabajo anunció que aumentará en cien el número de subinspectores de Empleo y Seguridad Social, aunque la cifra se mantendrá en 50 en 2008 hasta la creación de la especialidad de subinspectores de Prevención de Riesgos Laborales.

También informó de que el número de inspectores se incrementó en 400 durante la pasada legislatura y el de subinspectores en 195, frente a los 243 y 122 registrados, respectivamente, durante las dos anteriores legislaturas del Partido Popular.

Por otro lado, el Ministerio defendió la "triple vía de acceso" a la Inspección aprobada por el Gobierno en la actual legislatura, justo en el día en que el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y la Federación de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social ofrecieron una rueda de prensa para criticar la medida.

Ambas organizaciones rechazaron el hecho de que un porcentaje de los inspectores no se someta a la tradicional oposición pública, al considerar que puede poner en cuestión su independencia técnica y suponer un "empeoramiento" en la calidad y del servicio.

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