El Gobierno italiano aprobó hoy un decreto legislativo sobre la seguridad laboral que contempla hasta penas de arresto, en algunos casos, para los empresarios que incumplan las normas en esta materia.
El proyecto, que incluye medidas para aumentar la prevención, la vigilancia, las inspecciones y las sanciones en caso de accidente laboral, pasará ahora a las comisiones de parlamentarias y regresará a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
Los empresarios pueden enfrentarse a penas de seis a 18 meses de arresto en caso de no hacer la necesaria evaluación de riesgos en las sociedades con particular peligrosidad para la salud de los dependientes, pero para los que se pongan en orden con la norma se puede transformar en una multa de 8.000 a 24.000 euros.
El primer ministro en funciones, Romano Prodi, señaló en una rueda de prensa que este decreto no tiene intenciones punitivas y no "pone en la mira a la empresas sino que sitúa en el centro la protección de las personas y su derecho a un trabajo los más seguro posible".
La patronal Confindustria mostró su oposición a la iniciativa del Ejecutivo y su presidente, Luca Cordero di Montezemolo, dijo que endureciendo las penas "no se salva ni siquiera una vida humana porque lo necesario es hacer prevención".
La propuesta del Gobierno intenta atajar la siniestrabilidad laboral en un país donde se registran más de cien muertos al mes, según los últimos datos de que dispone Italia, los de 2006, año en el que se registraron 1.341 víctimas mortales.
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