El Ministerio de Trabajo está revisando si las Mutualidades de Previsión Social alternativas, que dan cobertura a 360.000 profesionales (ingenieros, abogados, médicos, etc.), al margen de la Seguridad Social, garantizan las nuevas prestaciones para autónomos.
Si dichas entidades no las cubren, Trabajo no descarta solventarlo legalmente.
El secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, Octavio Granado, se ha puesto en contacto con las Mutualidades de Previsión Social alternativas al régimen de autónomos de la Seguridad Social, para solicitarles información sobre el grado de cobertura que dan a sus afiliados.
Según fuentes del Ministerio de Trabajo, esta información se ha solicitado ante las sospechas de que alguna de ellas pudiera no estar en condiciones de otorgar las nuevas prestaciones que recoge el Estatuto del Trabajo Autónomo para estos profesionales. Las coberturas que podrían no estar siendo garantizadas son las de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia y adopción o acogimiento. Y en algunos casos, las de incapacidad temporal (IT). Trabajo desconoce también el grado de protección de la jubilación.
En total, estas 12 mutualidades dan la cobertura propia de la Seguridad Social a un colectivo de 360.000 profesionales autónomos, que no están incluidos en el régimen de trabajadores por cuenta propia. Se trata de autónomos de distintas profesiones (ingenieros, médicos, abogados, procuradores, arquitectos, aparejadores o químicos, entre otros) que, a través de sus colegios profesionales, acordaron -porque la ley así lo permite- recibir la atención social de las mutuas de previsión social alternativas, en lugar de tener la cobertura de la Seguridad Social.
De momento, Trabajo ha solicitado por carta a las mutualidades alternativas que ‘tengan a bien informar a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, con la mayor brevedad posible, acerca de la protección dispensada por esa mutualidad a los profesionales autónomos (…) o de los proyectos de futuro inmediato’.
Una vez recibida esta información, los responsables de Trabajo pretenden garantizar que las mutualidades den estas nuevas prestaciones a sus profesionales asociados, ‘siempre mediante la vía del acuerdo’, insisten en este departamento.
Las prestaciones no garantizadas son las relacionadas con la maternidad e IT
Aunque estas mismas fuentes añadieron que, si a la vista de la información que recopilen de las mutualidades alternativas, y si las negociaciones no llegan a buen puerto, ‘no descartamos intentar modificaciones legales’ para garantizar el pago de estas prestaciones.
Sin competencias
No obstante, podría decirse que, ahora mismo, los responsables de Trabajo no tienen más remedio que recurrir a la vía de la negociación y el consenso en esta materia, porque este Ministerio no tiene competencias sobre las citadas mutualidades, ya que desde 1995 dependen del Ministerio de Economía y Hacienda, según la Ley de Ordenación del Seguro Privado.
Posteriormente, en 1998, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales permitió que las actividades profesionales en las que el propio colegio oficial tuviera una mutualidad, no tenían que inscribirse en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social si así lo deseaban.
Desde entonces, estos trabajadores tienen, según la ley, una cobertura ‘similar’ a la de los autónomos de la Seguridad Social, pero Trabajo no tiene confirmación de ello, ya que no es competente para auditar a estas mutualidades, que dependen de Economía. Este último departamento, controla que estas entidades sean viables económicamente, pero no garantiza la intensidad de las prestaciones.
Y ahora, el nuevo Estatuto del Trabajo Autónomo, tampoco ha especificado que las mutualidades alternativas tengan que garantizar la misma protección que la Seguridad Social. Si bien, Trabajo se ampara en ‘los derechos básicos individuales’ recogidos en este Estatuto, para iniciar las negociaciones con las mutualidades.
‘Será inevitable que suban cuotas’
En la carta enviada por el Ministerio de Trabajo a las mutualidades de previsión social alternativas, el secretario de Estado de este organismo, Octavio Granado, admite que ‘hasta la fecha, no se les ha exigido para poder actuar como tales que contaran con una acción protectora coincidente con la garantizada por el sistema de la Seguridad Social’. Si bien, a los responsables de Trabajo les preocupa que este colectivo de 360.000 autónomos esté en inferioridad de condiciones respecto al resto.
Fuentes de la Seguridad Social admiten que la solución no es fácil, pero indican que en las conversaciones que tendrán con la Confederación de Mutualidades les propondrán varias soluciones para que garanticen la protección de estos profesionales. No obstante, ‘será inevitable que las mutualidades suban las cuotas de sus afiliados’ para poder atender a las nuevas prestaciones.
La clave está en cómo ‘venderán’ este aumento a sus afiliados, explican estas fuentes. Una de las soluciones que surgirán será la posibilidad de asociarse entre varias para costear mejor las nuevas coberturas.
Raquel Pascual
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