La consellera de Interior, María Ángeles Leciñena, admitió ayer que durante los ocho meses de mandato del nuevo Govern se han efectuado despidos por "falta de confianza" en empresa públicas dependientes de la Administración autonómica, y los atribuyó a una "política de ceses y despidos" encaminada a ajustar las plantillas a las necesidades reales de trabajo en cada departamento.
Así lo señaló ayer en respuesta a una interpelación del PP en la que el diputado, José María Rodríguez, criticó al Ejecutivo autonómico por haber despedido de forma improcedente al menos a 25 empleados públicos que han costado a las arcas autonómicas de la Comunidad Autónoma 368.000 euros.
La consellera de Interior expuso las actuaciones realizadas durante esta legislatura en el ámbito de ceses y despidos, y en este sentido defendió que entre el personal laboral de la administración autonómica "no se ha producido ningún despido", mientras que, por otro lado, la mayor parte de los funcionaros de carrera, de libre designación, también han "mantenido sus puestos".
No obstante, en relación al sector público autonómico -para la contratación de personal en las empresas públicas-, Leciñena confirmó que se ha prescindido de 24 personas, "mediante el mismo procedimiento empleado por el PP, que es el del despido improcedente", cuya tramitación, según dijo, "supone menos costes para los ciudadanos". Asimismo, recordó que el PP practicó durante en el anterior mandato un total de 18 despidos improcedentes en la anterior legislatura sin interponer ningún expediente sancionador, lo que supuso un gasto de unos 180.000 euros, sin contar los gastos de abogacía.
Por su parte, Rodríguez calificó los despidos como algo "injusto e indigno" de ser practicado por un gobierno democrático, y según, concretó, de acuerdo con la información facilitada a su formación, algunas de las personas a las que les han puesto "de patitas en la calle" procedían de organismos públicos dependientes de las Consellerias de Economía, Presidencia, Agricultura y Pesca, Interior y Asuntos Sociales.
Con todo, el ex conseller de Interior, consideró "perverso" que un gobierno se gaste el dinero de los contribuyentes para despedir a trabajadores, al tiempo que criticó los motivos esgrimidos en algunos casos de despidos en los que se aludía como la "falta de sintonía" con el empleado.
Desde el Grupo del Bloc per Mallorca, Miquel Ángel Llauger, apuntó que "si ha habido despidos es porque los tenía que haber", y defendió los principios de mérito y de capacidad como la propuesta a seguir tanto entre los funcionarios como en todas aquellas personas que se pagan.
Una propuesta en la que coincidió el diputado del PSIB-PSOE, Josep María Costa, quien apuntó que es preciso que quede claro entre la ciudadanía que se accede a la administración pública respetando los derechos "de igualdad y méritos, "sin necesidad de tener que juntarse a ningún partido político".
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