Estos centros de educación infantil, en los que se forman los niños menores de tres años, los subvenciona la Junta de Extremadura, pero de su gestión se encargan los ayuntamientos o entidades privadas como cooperativas.
El anuncio de las 100 guarderías ha sido bien recibido en 40 municipios que han mostrado tener interés por albergar uno de esos centros, según anunció ayer Nuria Sánchez Villa, directora general de Infancia y Familia.
Todos estos futuros servicios se unen a las 40 guarderías que mantiene abiertas y gestiona directamente la Junta de Extremadura; las 10 de propiedad autonómica pero mantenidas por ayuntamientos; y las 110 de titularidad municipal. En total, una red actual de 160 centros de educación infantil.
A la vez que las 100 ofrecidas a municipios y empresas, la Consejería de Igualdad y Empleo va a construir cuatro de gestión propia: dos de ellas de 120 plazas cada una y localizadas en Mérida, y otras dos en Herrera del Duque y las Hurdes. El Partido Popular preguntó ayer en la comisión de igualdad y empleo de la Asamblea de Extremadura por la ubicación de los 100 centros prometidos, y cómo se van a gestionar.
A petición municipal
Las únicas ubicaciones ya conocidas son los cuatro centros que mantendrá la Junta en sus manos, el resto dependerá de la respuesta que den municipios y entidades privadas al decreto publicado a finales de febrero y que otorga subvenciones para la construcción, ampliación y adecuación de estos centros infantiles, respondió la directora general Nuria Sánchez.
Este simple hecho, que dependa de la respuesta municipal, demuestra para la diputada del PP Cristina Herrera la «falta de planificación» por parte del Gobierno autonómico: «Las necesidades familiares dependerán de que el alcalde quiera una guardería o prefiera una piscina o polideportivo».
Su compañero Juan Antonio Barrios, vicepresidente primero de la Federación Extremeña de Municipios (Fempex), criticó que una entidad privada pueda conseguir hasta el 50% del presupuesto dedicado por la Junta a cada grupo de promotores, y un ayuntamiento no pueda pasar del 20%.
Su objeción de fondo, sin embargo, es que la gestión de la educación infantil de cero a tres años «es competencia legal de la Junta», y que esta oferta de pagar parte de la construcción y mantenimiento es un «regalo envenenado».
«Nos tienden la trampa de que digamos que no, pero la realidad es que no tenemos medios», advirtió Barrios.
La directora general de Infancia y Familia repone que la educación infantil de primer ciclo no es gratuita sino de copago, que los ayuntamientos pueden cobrar «y no queremos que les resulte gravoso».
Barrios cree que como unos municipios tienen más dinero que otros «al final habrá desigualdad en el ejercicio de los derechos de los padres».
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.