Los Planes de Empleo para 2008 vuelven a crear polémica antes de que se convoquen. Esta vez, el problema ha surgido después de que numerosos melillenses recibieran a principios del mes de marzo una carta, presuntamente remitida por la Unión de Promoción y Desarrollo (UPD), en la que se les indicaba que habían sido preseleccionados para participar en la convocatoria de los planes de empleo de este año y en la que se les invitaba a presentar sus solicitudes el 18 de marzo, en las propias oficinas de UPD.
Protestan los afectados
Los melillenses que recibieron estas notificaciones en sus domicilios, lógicamente se presentaron en la sede de UPD queriendo remitirlas. La sorpresa que se llevaron los administrativos de la oficina ante este hecho fue innegable. Los funcionarios estudiaron las supuestas cartas oficiales y finalmente les hicieron saber a los interesados que eran “falsas” y que Delegación del Gobierno “no había emitido aún ninguna lista de preseleccionados" para estos Planes de Empleo 2008.
El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, ha explicado que ya ha puesto el tema “en manos de la Justicia” y que espera que los “desalmados” que han organizado esta trama “sean pronto descubiertos y castigados”. Chacón lamenta sobre todo, que este tipo de personas jueguen “con las necesidades de las familias más desfavorecidas” de la ciudad.
Compra de votos
El Partido Popular ha condenado también estos hechos pero hace otra lectura de lo sucedido. Los populares creen que esto es “una clara consecuencia” de la “operación de compra de votos descarada” que se ha llevado a cabo durante las pasadas elecciones generales. El propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, a preguntas de los periodistas, indicó que “el centenar de parados que han denunciado lo sucedido forman parte de los casi 3.000 votos por correo” que se registraron el 9 de marzo en Melilla.
Las Autoridades Judiciales tendrán la última palabra en esta ida y venida de acusaciones en relación al tema que aún colea desde la pasadas elecciones, “la presunta compra de votos a cambio de planes de empleo”, tal y como denuncian los populares.
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