Rinken indicó estos inmigrantes con estudios superiores proceden en su mayoría de América Latina y de Europa del Este, al tiempo que lamentó el "desajuste tan llamativo" que se produce en su inserción en el mercado laboral andaluz, ya que, según indicó uno de cada dos empleados inmigrantes ejerce un trabajo no cualificado. "Es muy común ver a un ingeniero agrónomo como peón de obra o a un físico sirviendo cafés", añadió.
En esta línea, señaló que los inmigrantes licenciados que residen en la comunidad, -generalmente pertenecientes a clases medias empobrecidas-, suelen arriesgarse a abandonar su hogar "buscando una oportunidad laboral que en sus países de origen no tienen". Por todo ello, Rinken instó a que el desajuste entre nivel de formación y ocupación de los inmigrantes se resuelva, entre otras medidas, con la aceleración del proceso de homologación de títulos universitarios procedentes del extranjero. Además, insistió en la necesidad de realizar un debate público "en el que se establezca que al empleo se debe acceder por la formación y no por el lugar donde uno haya nacido".
Con respecto a la distribución extranjera empadronada en Andalucía, Rinken subrayó el hecho de que dos de cada tres inmigrantes asentados se encuentran en Almería y Málaga. Estas acogen al 22 y 42 por ciento de la población inmigrante, respectivamente. Y es que, de los 527.000 extranjeros empadronados en Andalucía a finales de 2006, casi 220.000 estaban inscritos en los registros de algún municipio malagueño y 115.000 personas más en el Padrón de alguna localidad almeriense.
Situación laboral
Por otro lado, este estudio señala que la proporción de no cotizantes se incrementa sustancialmente entre los recién llegados, superando el 80 por ciento entre aquellos inmigrantes que llevan menos de 15 meses residiendo en Andalucía. Asimismo, existe una notable diferencia por sexo: el porcentaje de trabajadoras con empleo regular es siempre inferior al de los varones, acentuándose dicho diferencial no sólo entre los recién llegados, sino también entre los más asentado.
Para la amplia mayoría de los inmigrantes asentados en la comunidad, la totalidad de los ingresos procede de su actividad laboral, bien se trate de asalariados (62%), bien de ingresos relativos a actividades empresariales (13%). Sin embargo, una de cada cuatro mujeres inmigrantes declara no disponer de ninguna fuente de ingresos personales (entre los varones, la proporción correspondiente asciende al 16%). Sólo una proporción muy baja (alrededor del tres por ciento) señala recibir prestaciones sociales, mientras que un cuatro por ciento recibe ayudas familiares.
Entre quienes tienen ingresos por actividad laboral, tres de cada cuatro obtienen remuneraciones de entre 250 y 1.000 euros mensuales; el peso de los tres tramos que abarcan ingresos entre 251 euros y 500 euros, entre 501 euros y 750 euros, y 751 y 1.000 euros, respectivamente, es bastante parecido, con entre el 22 y el 26 por ciento del total para cada uno de ellos.
Opinión pública
Este análisis destaca también que las actitudes ante la inmigración parecen estar abocadas a una creciente polarización. Los efectos de este fenómeno social están siendo percibidos en muchos casos como ambivalentes y se constata, además, "la emergencia de un grupo minoritario pero no insignificante con postura declarada y descaradamente hostiles". Si bien, Rinken asegura que la tónica dominante de la opinión pública andaluza ante la inmigración es, precisamente, la disponibilidad para acoger como vecinos absolutamente normales a los inmigrantes.
Por último, respecto a las políticas migratorias el estudio señala que la comunidad autónoma andaluza se ha comprometido "firmemente" con el objetivo de la integración social de los inmigrantes. Para conseguirlo, garantiza y fomenta el acceso de toda persona empadronada en Andalucía, independientemente de otras circunstancias, a la atención sanitaria y los servicios sociales básicos y, si es menor de edad, también el acceso a la educación obligatoria.
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