CCOO y UGT quieren que el plan del Gobierno en funciones para recolocar a los parados del sector de la construcción y de los servicios inmobiliarios se financie de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no suponga una merma de la tesorería del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE/INEM).
Así lo aseguran en sus aportaciones al ‘Plan Extraordinario de Orientación, Formación Profesional e Inserción Laboral para hacer frente al incremento del paro registrado’ del Ejecutivo.
En el documento de UGT se afirma respecto a la financiación inicial del Plan que las aportaciones extraordinarias, más allá de los presupuestos ya aprobados por el SPEE/INEM para 2008, procedan de los Presupuestos Generales del Estado.
Así se lograría no reducir el Remanente de Tesorería de los Presupuestos del INEM, que procede de cotizaciones sociales (desempleo y formación) y que puede ser ‘necesario ante el mayor volumen de coste de las prestaciones por desempleo debido al repunte del paro’ que se registra.
CCOO recuerda en su documento que el conjunto de las políticas activas de empleo, e incluso el capítulo de personal del SPEE, se financia con las cotizaciones sociales, con una ‘más que pequeña aportación’ del Fondo Social Europeo y otra ‘pequeña partida’ del Estado para la reinserción laboral de trabajadores que pierden su empleo en sectores afectados por la internacionalización de la economía.
Según CCOO, estos ingresos son ‘inferiores’, desde 2004, a los gastos a los que hace frente el SPEE (todas las prestaciones por desempleo y el conjunto de las políticas activas de empleo).
Como ejemplo destaca el que en enero de 2008 el coste de las prestaciones por desempleo se incrementó casi un 13 por ciento.
Para CCOO el coste de contratar 1.500 orientadores -el Gobierno propone esa cifra para que los parados de la construcción y de los servicios inmobiliarios reciben itinerarios personalizados de búsqueda de empleo- no debería ‘detraer’ recursos ni de las prestaciones por desempleo, ni de las políticas activas.
UGT y CCOO también coinciden en que esos 1.500 orientadores deberían atender a todos los parados, no sólo a los que en un principio contempla el Gobierno, y deberían ser contrataciones estables, y no temporales.
Además, rechazan que el plan sea una actuación ‘extraordinaria’ que se limite a 2008, así como la tabla de ocupaciones que ha redactado el Ejecutivo para recolocar a los parados de las constructoras y las inmobiliarias.
Administradores de fincas, personal de seguridad y de teleasistencia, mecánicos (de automóvil, maquinaria o mantenimiento de ascensores), electricistas, fontaneros, operadores, dependientes, comerciales, pescaderos o carniceros, son las principales opciones de recolocación del Gobierno para esos desempleados.
CCOO considera esa tabla ‘reduccionista’ y UGT cree que sería mejor retirarla, porque induce a ‘confusión’.
Sobre la posible ayuda de 350 euros al mes durante tres meses a los parados que sigan los itinerarios de colocación, CCOO considera ‘más adecuado’ que accedan a la Renta Activa de Inserción, por ser más ‘intensa en la duración y en la cuantía’.
Otra actuación directa que propone UGT es acelerar las inversiones ‘ya decididas y comprometidas’, sobre todo en construcción y servicios sociales.
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