Las mujeres de las Secciones Sindicales de la FSP-UGT de los seis Hospitales de la empresa Pascual (Cádiz, Huelva y Málaga) se han desmarcado ayer de la denuncia presentada por CCOO sobre la normativa de vestuario de los centros, y han considerado un «circo mediático» todo el asunto.
En rueda de prensa, la presidenta del comité de empresa del Hospital Virgen de las Montañas de Villamartín y en representación de las secciones sindicales de UGT, (sindicato mayoritario en los centros Pascual), Beatriz Bejarano, ha explicado que la situación ha sido provocada por un sector «minoritario» de empleadas del Hospital San Rafael de Cádiz y «con la colaboración posterior de algunos políticos».
Según Bejarano, el 99,7% de las 2.000 trabajadoras de los centros han sido protagonistas «involuntarias y pasivas» de un «lamentable espectáculo inventado» al pretender convertir una sanción disciplinaria «por no colaborar con los objetivos de producción de cinco trabajadoras en un juicio en el que se nos ha acusado de vestir indecorosamente».
A juicio de la UGT, la presidenta del comité de empresa de San Rafael, Adela Sastre (CCOO), ha realizado declaraciones «ofensivas» para el resto de trabajadoras, ya que les hace aparecer como «consentidoras de una vestimenta indecente».
En este sentido, han anunciado una querella criminal por difamación y contra el derecho al honor contra la Secretaria Provincial del Sindicato de Enfermería Satse-Cádiz, Carmen de Porres, por sus declaraciones en las que afirmó «que en nuestros hospitales se va reduciendo cada vez más las dimensiones del vestuario de las Enfermeras, en donde la falda sube cada vez más y el escote baja».
Además, han denunciado la «demagogia» de algunos políticos de plantear que el actual uniforme disimula la protección contra accidentes y enfermedades laborales, cuando esos riesgos «nada tienen que ver con vestir falda o pantalón».
Bejarano ha precisado que no se sienten «discriminadas» ni «oprimidas», que como ellas, llevan uniformes en Reino Unido o Cuba, y que pedir que el SAS retire el concierto asistencial con la empresa Pascual, como ha planteado IU, es una «auténtica barbaridad que dejaría a más de 2.000 familias sin trabajo».
Asimismo, ha criticado el hecho de que no se haya informado a las trabajadoras en asamblea de esta denuncia, aseguró que mañana no asistirán a la concentración prevista en Cádiz y remachó que se está negociando con la empresa el Plan de Igualdad de los Hospitales «y el vestuario dependerá del diagnóstico que realice el Instituto Andaluz de la Mujer».
Por su parte, la presidenta del comité de empresa del Hospital de San Rafael de Cádiz, Adela Sastre, ha dicho a Efe que no se sorprende de este desmarque «porque la UGT siempre va en contra de nosotros».
Sastre ha matizado que ella sólo tiene que consultar a su comité de empresa para realizar la denuncia y reiteró que si hay una normativa que habla de igualdad la empresa «tiene que cumplirla y Pascual no está acostumbrado a hacerlo».
Finalmente, ha asegurado que ya la inspección de Trabajo ha valorado a priori que el vestuario no es ergonómico, ya que no facilita la movilidad de las trabajadoras.
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