La Comisión Sudafricana de Derechos Humanos (South African Human Rights Commission, SAHRC) respaldó recientemente la denuncia de la organización internacional ‘ActionAid’ de abuso de derechos y contaminación de los abastecimientos de agua de las comunidades locales que rodean la mina de la compañía Anglo Platinum en la provincia de Limpopo, en el norte del país.
«Algunos de los habitantes más pobres de la tierra está pagando un alto precio por el auge del platino en el mercado global», señaló en este sentido el responsable para Sudáfrica de ‘ActionAid’, Zanele Twala, que recordó que las comunidades locales, especialmente las mujeres, han perdido su medio principal de supervivencia: la posibilidad de cultivar y regar las tierras. «Creemos que esto constituye una violación de sus derechos más básicos», agregó Twala.
El platino prácticamente ha duplicado su precio en los últimos meses, una subida producida por su uso en los convertidores catalíticos para los vehículos y también por su uso en el mercado de la joyería. Se estima que Sudáfrica produce el 40 por ciento de este tipo de metal a nivel mundial y esta compañía controla hasta 60 por ciento de todas las reservas existentes.
Un portavoz de la SAHRC, Vincent Moaga, dijo que la Comisión investigará estos hechos «caso por caso si es necesario». Aunque el sector privado no es el foco de vigilancia tradicional de esta organización de defensa de derechos, «los incidentes relacionados con la seguridad de la mina en 2007 despertaron las sospechas de esta Comisión y tuvieron como resultado el comienzo de un programa dirigido específicamente al análisis de la responsabilidad social corporativa de esta compañía», explicó Moaga a la agencia de noticias de Naciones Unidas IRIN.
«Si las empresas desean ser sostenibles tienen una obligación también en materia de Derechos Humanos. Tienen que ser responsables ante las comunidades con las que operan y sobre todo con el personal que trabaja en ellas», añadió Magoa.
El punto de partida para la Comisión es la idea de que las empresas son un ‘stakeholder’ más de la comunidad, y por tanto, «deben ser, no sólo responsables en sus prácticas, sino también capaces de responder a los desafíos del contexto de las comunidades específicas en las que operan», recordó la SAHRC en unas declaraciones realizadas el pasado mes.
De acuerdo con el estudio de ‘ActionAid’, titulado ‘Metal precioso: El impacto de Anglo Platinum en comunidades pobres en Limpopo’ y lanzado la semana pasada, «las actividades mineras emprendidas por esta compañía han significado que los millares de habitantes pobres de zonas rurales cercanas perdieran su riqueza agrícola, su principal medio de sustento».
«La compañía ofrece generalmente poca remuneración y los habitantes de la zona, casi todos trabajadores agrícolas o bien empleados de la mina, tienen escasas posibilidades de hacer una vida alternativa», señala el Informe. El resultado «no es solo hambre y pobreza crecientes; sino también la destrucción de una manera de vida tradicional», añade el documento.
En palabras de uno de estos habitantes, Isaac Pila, de 72 años, «la compañía nos hizo muchas promesas, pero desde que instaló esta mina a cielo abierto en la zona no hay tierra de pasto para los animales y mi familia ha dejado de poder arar los campos. Ellos prometieron que viviríamos como siempre lo hicimos en la aldea, incluso mejor», aseveró.
Las comunidades cercanas a las minas denuncian haber sido privadas del acceso al agua potable limpia, según el informe, que añade que «las actividades de la explotación minera son la causa más probable de esta contaminación».
LA EMPRESA RECHAZA LAS ACUSACIONES.
Anglo Platinum, que forma parte del conglomerado con sede en Londres Anglo American, ha rechazado el Informe de ‘ActionAid’ asegurando que éste contiene «numerosos errores, además de un tono difamatorio y alarmante».
‘ActionAid’ añade en su investigación, además, que la empresa ha eliminado los acuerdos de relocalización de algunas comunidades afectadas, firmados inicialmente con la compañía como resultado de las consultas y negociaciones llevadas a cabo entre 1998 y 2008.
Según estas negociaciones, las primeras relocalizaciones comenzaron durante la transición de la democracia en Sudáfrica. La segunda relocalización, que comenzó a mediados de 2007 y todavía está en marcha, ya ha afectado a unos 8.000 miembros de las 10.000 comunidades más importantes de Ga-Puka y de Ga-Sekhaolelo restablecidas en base del acuerdo tomado libremente por ellas para instalarse en la nueva aldea de Motlhotlo.
Anglo Platinum acogió la intención de reforzar esta investigación por parte de la SAHRC de forma «positiva», por considerar que éstas «demostrarían la validez de los datos que aparecen en el informe de ‘ActionAid'».
En cuanto a la pérdida de región agrícola, la compañía señaló que las comunidades afectadas tenían acceso a 4.400 hectáreas antes del restablecimiento de sus actividades y ahora tienen acceso a más de 9.600. Según sus datos, además, han reubicado a cada familia desplazada en una casa «moderna de ladrillo» aprobada previamente por esa familia y de un tamaño «igual o mayor» a la que ocuparon previamente.
Asimismo, los gastos de este desplazamiento –añade Anglo Platinum– «también les ha sido abonados», según un comunicado lanzado recientemente por la compañía tras darse a conocer este informe acusatorio.
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