Al depender estos centros de las comunidades autónomas, algunos gobiernos regionales podrían haber decidido cerrar sus aulas y traspasar sus competencias a las universidades públicas de sus respectivos territorios. Ello implicaría el cese de sus trabajadores –de los que no tengan la categoría de funcionarios- o el traslado de los mismos a otras administraciones.
Presupuesto para coches oficiales y comilonas parece que sí hay, pero para escuelas y formación no tanto.
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