Esta empresa, favorecida durante años por el servicio regional de empleo de una céntrica Comunidad Autónoma, se ha visto obligada a ampliar su objeto social para intentar justificar toda una serie de adjudicaciones irregulares de contratos de selección y evaluación de personal.
La legislación estaba clara, y se infringió. Esta empresa no debió nunca llevar a cabo ningún contrato en materia de recursos humanos, porque ni su objeto social ni sus medios lo hubieran permitido. Y esa Comunidad Autónoma se lo adjudicó, a pesar de todo.
La ampliación del objeto, que viene a demostrar la total ilegalidad de los hechos, no valida sus actuaciones anteriores, por lo que se plantea la siguiente cuestión: ¿Podrían ser impugnables todos los procesos adjudicados irregularmente y llevados a cabo por una empresa no preparada al efecto? ¿Se depurarán responsabilidades cuando el asunto salga a la luz?
Curiosa historia de la que tendrán noticias muy pronto.
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