Tras la aprobación del Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo, suscrito en febrero de 2006 por el Gobierno y los interlocutores sociales, el Gobierno ha aprobado la regulación de la formación profesional para el empleo. El texto introduce una serie de mejoras para adaptar la formación dirigida a los trabajadores ocupados y desempleados a la nueva realidad económica y social.
Los destinatarios de la formación profesional para el empleo son todos los trabajadores ocupados y desempleados, incluidos los que no cotizan por formación profesional. En ambos colectivos podrán tener prioridad para participar en las acciones aquellos trabajadores con mayores dificultades de inserción o de mantenimiento en el mercado de trabajo.
Las empresas dispondrán anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores que compensará total o parcialmente los costes de la formación que realicen. Este sistema de formación de demanda responde a las necesidades específicas de empresas y trabajadores y traslada la ayuda hasta sus usuarios directos, por lo que la formación que planifiquen y gestionen las empresas podrá financiarse mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de Seguridad Social.
El presupuesto destinado al nuevo modelo asciende a 2.235.875.000 euros, de los que más de 1.800 millones, el 81 por 100, tienen su origen en la recaudación de la cuota de formación profesional y el 19 por 100 restante, en las ayudas del Fondo Social Europeo.
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