RRHH Digital. La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados culminará este jueves la tramitación por el procedimiento de urgencia del proyecto de ley de reforma laboral, que se enviará al Senado tras debatir cerca de dos centenares de enmiendas de todos los grupos parlamentarios.
El calendario pactado el pasado jueves por la Mesa y Portavoces de la Comisión de Trabajo, ratificado por la Mesa del Congreso, contempla que la Ponencia se celebre el 27 de julio, mientras que el debate en Comisión tendrá lugar el día 29, con competencia legislativa Plena para su remisión al Senado.
Finalmente, no prosperó la petición de avocación a Pleno que hicieron IU-ICV, BNG Na Bai y UPyD, ante la negativa frontal de PSOE, PP, CiU y PNV a una propuesta que, de haberse aceptado, hubiera obligado a un debate en el hemiciclo que hubiera tenido que celebrarse el viernes 30 de julio.
Los socialistas abordan la negociación con la vista puesta en alcanzar un acuerdo con CiU, PNV y ERC, pese a que no se cierran a acuerdos puntuales con el PP que les permitan cerrar un acuerdo global sobre uno de los aspectos mas polémicos de la reforma: las causas objetivas del despido.
Así, los socialistas sólo ha registrado una docena de enmiendas parciales al proyecto de ley de reforma laboral, en su mayor parte de carácter técnico, pero entre las que incluye una propuesta para suprimir la nueva prestación no contributiva de 425 euros mensuales para autónomos en paro que no reciban ninguna ayuda económica que el Pleno del Congreso aprobó el miércoles a instancias de CiU con el voto en contra de los socialistas.
El Grupo Parlamentario Popular ha introducido entre sus 71 enmiendas al proyecto de ley de reforma laboral una propuesta para que no puedan adoptarse medidas de huelga o conflicto colectivo que tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo, mientras se negocie su revisión.
CiU plantea reformar las prestaciones por desempleo para introducir «una mayor vinculación» de la percepción de las prestaciones con las políticas activas de empleo o la aceptación de una oferta de trabajo, al tiempo que plantea la definición de las causas económicas del despido objetivo dentro de la negociación colectiva.
Por su parte, el PNV quiere evitar fraudes en los contratos en prácticas, de manera que quieren que «automáticamente se conviertan en fijos si se demuestra un abuso del mismo», así como utilizar mecanismos para la reducción de las horas extraordinarias, hacer coincidir los periodos de inactividad con las vacaciones o reducir la externalización de los servicios de las empresas.
SUPRESIÓN DEL CONTRATO DE 33 DÍAS
IU-ICV han presentado 44 enmiendas parciales al proyecto en las que propone la supresión de las empresas de trabajo temporal y del artículo que expande el uso del contrato del fomento del empleo de 33 días de indemnización por despido, al tiempo que limita el uso de este mismo contrato y pide un menor uso del Fogasa para financiar las indemnizaciones que el que propone el Gobierno.
Por su parte, el BNG también pide derogar el contrato de fomento del empleo, cuyo empleo considera «abusivo», y suprimir las empresas de trabajo temporal, reforzando el papel de las servicios públicos de empleo. Además, pretende limitar la contratación temporal, y penalizar a las empresas que reciban bonificaciones en la Seguridad Social y no mantengan el empleo, obligando a su devolución.
Por último, Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha introducido entre sus enmiendas parciales a la reforma laboral que se tramita en el Congreso de los Diputados la creación de un contrato único indefinido para todos los trabajadores con indemnización creciente por extinción de la relación laboral, tanto en los casos de despido improcedente como objetivo.
TRES SEMANAS DESPUÉS, EL SENADO
Tras terminar el trámite en la Cámara Baja, el Senado trabajará con la previsión de emprender el debate de la norma en la semana del 16 de agosto. Fuentes socialistas indicaron a Europa Press que sus senadores tienen intención de solicitar que la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta tenga también competencia legislativa y no haya, por lo tanto, que celebrar un debate en Pleno.
De esta forma, las enmiendas que introduzca la Cámara Alta podrían debatirse siete días más tarde en un Pleno extraordinario, ahora sí, del Congreso, si bien no descartan que este trámite se retrase hasta los primeros días de septiembre. En cualquier caso, las Cortes han fijado la fecha límite del 9 de septiembre para concluir la tramitación de esta norma.
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