Queda menos de un mes para que finalice el plazo que establece la Ley 2/2023 de Protección de Informantes en España, que obliga a las pequeñas y medianas empresas a implantar un canal de denuncias. Se trata de una medida que afecta a más de 20.000 en España. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El principal es aportar facilidades para que todos los trabajadores puedan comunicar información de forma anónima y confidencial sobre conductas que puedan ser delitos o infracciones administrativas graves.
Desde RRHHDigital hemos entrevistado a Personio, concretamente a su Lead Customer Growth Southern Europe, Alba Vargas, para conocer más detalles sobre esta ley. Según nos ha confesado la entrevista, las empresas que no cumplan esta ley se van a someter a sanciones.
Todos aquellos empleados que deseen llevar a cabo una denuncia, lo podrán hacer por vía telefónica, por escrito, a través del correo electrónico o postal. Además, si así lo desean, pueden hacerlo de forma presencial mediante una reunión en la Autoridad Independiente.
«Es muy rápido de implementar dentro de Personio, lo único que hay que pensar es en cómo gestionarlo dentro de cada empresa, qué tipos y categorías de denuncias voy a tener o qué personas lo van a gestionar», ha expresado Vargas.
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