La certificación profesional: una oportunidad al futuro de los jóvenes españoles

RRHH Digital El año 2012 acaba de concluir. Si hubiera que hacer balance, quizá lo más significativo haya sido la elevada tasa de desempleo que hemos alcanzado en España. El año se ha cerrado con casi 4.811.000 personas paradas. Sin duda, los jóvenes son los mayores perjudicados en la actual crisis económica. En 2012, la tasa de desempleo juvenil (menores de 25 años) ha sido del 52%, la segunda más alta de la UE después de la de Grecia. Estamos hablando de 922 mil jóvenes sin trabajo, y muchos de ellos yéndose fuera de nuestras fronteras.

Uno de los mayores retos a nivel de empleo es cómo contribuir a integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo y conseguir aumentar el porcentaje de población activa con certificaciones de formación profesional, muy por debajo en nuestro país respecto a los países europeos con mayor nivel de empleo. Este desafío es más importante si tenemos en cuenta que una gran  parte de estos jóvenes abandonaron el sistema educativo sin finalizar su formación debido al fracaso escolar, o atraídos por el auge del sector de la construcción, sin ninguna formación específica para el empleo; lo que puede llevar a  que se conviertan  en desempleados permanentes.

El BOE publicó el 9 de noviembre el Real Decreto por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación dual. Las dos medidas tienen en común desarrollar el modelo que combina la formación y el aprendizaje en la empresa, que da lugar a una cualificación profesional certificada por la administración, lo que facilita la transparencia y la movilidad en el mercado de trabajo. 

Si nos centramos en la regulación del contrato para la formación y el aprendizaje, en concreto en la formación que deben  recibir los jóvenes; la empresa debe dedicar el primer año un 25% del tiempo de trabajo a formación, y el segundo y tercer año, un 15%, y debe hacerse de acuerdo a las especialidades de las certificaciones profesionales que dan lugar a una acreditación de las competencias para una ocupación concreta, expedida por el Ministerio de Trabajo o las Comunidades Autónomas.

Este decreto regula la capacidad de los centros de formación públicos o privados homologados para colaborar con las empresas en la formación de los trabajadores, y la responsabilidad de evaluar a los alumnos. A la vez introduce la posibilidad de realizar la formación en modalidad teleformación, lo que sin duda va a permitir generalizar el acceso a una formación rigurosa a los jóvenes contratados por las pymes.

El modelo del contrato para la formación y el aprendizaje puede suponer una eficaz contribución a la integración laboral de los jóvenes, con una retribución regulada, de una duración mínima de un año y prorrogable a tres, con contenidos de formación relacionada con una ocupación concreta y con una acreditación profesional. Esto a la vez permitirá aumentar el porcentaje de población activa con certificaciones profesionales, muy por debajo en nuestro país respecto a los países europeos con mayor nivel de empleo.

El sistema de trabajo-formación es además la mejor opción pedagógica, ya que facilita la motivación de los jóvenes que han abandonado los estudios, en muchos casos a consecuencia del rechazo a un sistema escolar alejado de sus intereses. 
Para conseguir que la certificación de los jóvenes se convierta en una realidad,  hace falta que todos nos propongamos que el sistema haga posible que la combinación trabajo-formación tenga como resultado el aprendizaje real, y que el sistema de evaluación de las competencias sea lo suficientemente riguroso para que las certificaciones emitidas sean valoradas y reconocidas por las empresas como garantía de una cualificación para una ocupación. 

Para ello es necesario el concurso de todos los agentes implicados, la administración desarrollando un sistema adaptado a las necesidades del mercado de trabajo, las empresas respetando los tiempos asignados a la formación, y nombrando a los tutores que puedan  trasmitir a los jóvenes el saber hacer en las profesiones, los centros de formación impartiendo una formación de calidad y estableciendo sistemas de evaluación que permitan evaluar la adquisición de competencias en el puesto de trabajo.

Las familias y la sociedad deben entender que no todos los jóvenes quieren ser universitarios,  ni van a encontrar trabajo como tales. Los jóvenes deben asumir que les han contratado para emplear una parte de la jornada trabajando y otra para formarse, y que las dos partes son inseparables en el contrato de trabajo. Démosles una oportunidad a los jóvenes para trabajar y certificar sus competencias. Una oportunidad al futuro de todos.