Necesitamos un nuevo modelo de Solidaridad

RRHH Digital. Es razonable pensar que la situación que estamos viviendo impone una serie de medidas de contención del gasto en el conjunto de las administraciones públicas, contención que se muestra en muchos ámbitos pero también en el mundo social. Resulta evidente, por tanto, pensar que las posibilidades “administrativas” de gasto social se están reduciendo de forma significativa y parece, que van a seguir reduciéndose en el futuro.

Evidentemente es una paradoja por cuento tales reducciones se producen en el mismo momento en que las necesidades se incrementan. Simplemente un ejemplo: los niveles de desempleo de la población inmigrante son en algunas zonas superiores al 50% al de la población autóctona. De hecho hemos vivido recientemente algo que era hasta hace poco tiempo era impensable, a saber: administraciones autonómicas proponiendo recortes relevantes del gasto público en una fase claramente electoral.

Es posible que el estado del bienestar que construimos entre todos en los últimos 40 años del siglo XX (y que hemos conseguido mantener durante la primera década del siglo XXI) sea una realidad que debamos de replantearnos, Desde luego los niveles de cobertura social que hemos sido capaces de crear para determinadas capas sociales no tiene parangón en la historia y no sabemos si, lamentablemente, vamos a poder mantenerlas en el futuro. No sabemos si vamos a ser capaces de transferir a las generaciones futuras los ámbitos de bienestar que nosotros hemos podido disfrutar.

Mientras que el grado de amparo, cobertura y seguridad que hemos sido capaces de ofrecer a las capas sociales menos favorecidas ha sido sin duda muy notable, hemos podido establecer y consolidar un entorno en el que los elementos de cohesión social han sido sin duda muy relevantes. Lo ocurrido en nuestro país en los últimos años en materia de integración ha sido un proceso muy relevante desarrollado con mínimas incidencias. Sin embargo si no hay posibilidades de gasto y proseguimos con restricciones presupuestarias como las actuales mantener estos niveles de cobertura va a resultar difícil. La posibilidad de conflictos sociales como los ocurridos recientemente en otros países europeos, se hace cada vez más evidente.

Muchos de los programas sociales se han financiado contra los impuestos de las clases medias y contra deuda pública, algo que no va a poder mantenerse en el futuro. Aunque habrá quién afirma que tales coberturas, aparte de suponer grados importantes de desmotivación para determinados colectivos, han supuesto disfunciones relevantes en el comportamiento de los agentes económicos, creado una cultura del subsidio probablemente inadmisible e influido en la competitividad del conjunto de nuestras economía, lo cierto es que ha conseguido evitar conflictos y permitido crear un marco social que ha permitido asimilar a culturas, religiones y formas de pensar muy diferentes. Y todo ello manteniendo volúmenes de déficit público fácilmente sostenible y menor al de otros países de nuestro entorno.

Los recortes en el gasto público en servicios sociales son, están siendo ya muy relevantes y pueden ser base para graves conflictos sociales si no somos capaces de encontrar alternativas. En la actual situación el nuevo estado del bienestar debe de asumir la exigencia de racionalidad del gasto social, no su desmantelamiento o abolición. Un balance adecuado de derechos y obligaciones en el estado del bienestar futuro debe de destacarse como garante de sostenibilidad, y corregir determinados comportamientos individuales y colectivos excesivos que permite comportamientos probablemente cuestionables.

Lo que la sociedad debe de comprender es que ante la reducción de los presupuesto y de la capacidad de gasto social de las administraciones, es necesario un esfuerzo para corregir las actitudes individuales inaceptables y la conciencia social al respecto de que estas actitudes no sean punibles. Aunque el debate entre subsidio, compromiso, exigencia, eficiencia y eficacia está de nuevo abierto sin duda, es mucho más relevante el análisis del destino que debemos dar a recursos públicos claramente en reducción, como consecuencia de los menores volúmenes de actividad económica.  Consideraciones sobre la eficiencia, eficacia y moralidad en la gestión de los recursos públicos están cada día más presentes y a veces de forma virulenta en el debate social, con el riesgo de que si no se actúa de forma rápida y directa surjan en nuestro entorno postulados políticos que pueden hacernos volver a lo vivido en nuestro país durante un largo tiempo del siglo XX.

No podemos olvidar de que hoy las necesidades son y van a ser, probablemente más elevadas, lo que exige por un lado el compromiso social de los ciudadanos, y por otro el de las empresas y/o organizaciones. La existencia de un compromiso empresarial unido a la exigencia de eficiencia en la gestión de los recursos públicos en proceso de franca y clara limitación son los que nos permitirán hacer responsabilidad sostenible. Necesitamos implicarnos todos en este proceso.