RRHH Digital. Con niveles de desempleo como los que estamos alcanzando, la continuidad de las perspectivas negativas para los próximos meses y/o años, y el descenso en los recursos públicos dedicados a la gestión de las llamadas políticas activas de empleo, era y es necesario un replanteamiento. Este replanteamiento no puede pasar más que por el camino de introducir elementos de competitividad en la gestión de las mismas. Se trata por tanto, de aplicar medidas que, por otra parte, muchos estábamos reclamando desde hace muchos años.
Y por favor, no podemos esperar mucho más tiempo. Porqué aunque la situación del mercado de trabajo sea muy complicada algo debemos de hacer. El tiempo pasa muy aprisa y casi ya no recordamos que la primera norma de reforma real de las Políticas Activas de Empleo fue el RDL impulsado por Valeriano Gómez hace ya 18 meses. En ese momento reconocí que, después de muchos años, y de muchos esfuerzos personales míos y de otras personas, se formulaba una legislación que conseguía implantar un modelo que definitivamente proyectaba un marco de claridad, transparencia y eficiencia en el ámbito de la intermediación en el mercado de trabajo y que nos acercaba a modelos de gestión comunes al resto de los países de la UE.
Sin embargo, 18 meses más tarde, y con la que “está cayendo” hemos de lamentar el casi nulo desarrollo de esta normativa en acciones prácticas, más allá de la creación del registro público de Agencias de Colocación.
Creo que existe un amplio consenso social en la introducción de elementos de racionalidad, eficiencia y competencia en la gestión del empleo con objeto de reducir los tiempos en desempleo de nuestros profesionales. Todo ello bajo el esquema de introducir y consolidar un nuevo “status quo”, por ejemplo similar al holandés, en el que el Servicio Público de Empleo se muestra tanto o más eficaz en su labor de inserción cuando más potente es el sector privado y más fuerte es la competitividad entre ambos. Cómo en muchos otros ámbitos la competencia, controlada y bien dirigida impulsa procesos eficientes y eficaces. A pesar de que las políticas de empleo no crean empleo si que resultan más eficaces cuando se desarrollan en un marco de competencia entre diferentes actores.
Sin embargo este nuevo marco legal no conseguirá los resultados requeridos (y se constituirá en un proceso de financiación indirecta de determinados ámbitos, el lector sabe perfectamente a que me refiero) si no supone cambios en los paradigmas que han sustentado la gestión “tradicional” de las políticas activas que han destacado por lo menos por la falta de control y por una correcta y adecuada evaluación de sus resultados. Creo que no es difícil constatar que muchas de las acciones que se han desarrollado en estos ámbitos, en los últimos años, han tenido como destino otras prioridades, probablemente igual de legítimas, pero no aquellas para las que formalmente estaban destinadas. Una situación lamentablemente sustentada por la falta de criterios claros y definidos de evaluación de tales acciones.
Somos muchos los que estamos a la espera de que las normas de carácter general se concreten con pasos relativos a definir los criterios de evaluación del conjunto de recursos públicos destinados a las “políticas activas” y a los programas de recolocación incorporados en los llamados “planes sociales”. Debemos exigir mejoras de eficiencia y productividad en la gestión de los recursos. En definitiva, hacer gestión responsable. Nos jugamos mucho en ello.
Estoy convencido de que no existe “gestión responsable” sin que en ella se introduzcan criterios de eficacia y eficacia. Gestión responsable que no tan sólo puede o deber abarcar al mundo empresarial sino que es necesario introducir e incorporar como guía en el ámbito público donde también se hace imprescindible la conjunción de las dos “R”. Responsabilidad y Resultados.
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