RRHH Digital. Los primeros expedientes de regulación de empleo (ERE) que se están negociando conforme a la nueva normativa están generando descontento, no solo por parte de los trabajadores y sindicatos, sino de la administración y empresarios.
Inconvenientes de los primeros EREs que se están negociando
1) Trabajadores y sindicatos: Se quejan de que las empresas no quieren negociar y afrontan el periodo de consultas de una manera meramente formal o la negociación es muy a la baja, pues las empresas son conscientes de que ahora tienen el poder de decisión y no dependen de un tercero.
2) Administración e Inspección: Con la nueva normativa su papel en el proceso queda muy reducido y, debido a tal circunstancia, las empresas no se sienten tan «vinculadas» a sus instrucciones o peticiones de subsanación. Por otro lado, las empresas no están aportando toda la documentación e información que se facilitaba con el anterior régimen, de forma que les resulta más complicado el poder evaluar la concurrencia de las causas del ERE a los efectos de emitir su informe.
3) Empresas: Algunas empresas echan de menos la seguridad jurídica que les daba la resolución por parte de la administración. Antes, un acuerdo (que generalmente era caro) suponía prácticamente la finalización del proceso. Ahora, un acuerdo no garantiza que no pueda haber múltiples impugnaciones individuales por parte de los trabajadores afectados ante la jurisdicción social.
Con este escenario, una solución sería optar por una alternativa mixta: Recuperar la resolución administrativa en caso de acuerdo (es decir, la autoridad laboral, después de hacer un control de legalidad, homologa en una resolución el acuerdo alcanzado). En caso de finalización del periodo de consultas sin acuerdo, el empresario podría proceder a los despidos individuales conforme a la legislación actual.
De este modo, se solventarían tres aspectos básicos:
I. Seguiría sin existir presión al alza en las negociaciones, ya que el empresario y representantes de los trabajadores saben que el empresario puede despedirles sin necesidad de que haya acuerdo.
II. Existiría un incentivo para el empresario para alcanzar un acuerdo: pago más pero consigo seguridad jurídica.
III. Se reduce la carga judicial que se va a producir con el actual sistema y se aprovechan las estructuras actualmente existentes en la administración.
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