Entrados en el siglo XXI, la realidad es un mercado globalizado en el que tenemos que ser competitivos. Por otro lado, si queremos ser competitivos necesitamos crear, innovar y aportar valor añadido, para lo cual son clave el conocimiento y la formación, en definitiva, la Cualificación Profesional.
En efecto, sólo hace falta mirar a nuestro entorno para darnos cuenta de que los países más competitivos son aquellos que han invertido más en formación, y en concreto en Formación Profesional.
Por ello, es necesario el catálogo de las cualificaciones profesionales, así como la acreditación de las competencias adquiridas a través de la experiencia laboral, avanzar en los centros integrados de FP, flexibilizar la organización de estas enseñanzas y desarrollar un sistema integrado de información y orientación profesional. En este sentido, la cualificación es un reto, pero a la vez una oportunidad que contribuirá al progreso, tanto a nivel personal cómo profesional de nuestra población activa.
La salud de la FP en España en general es buena. Es una formación de calidad y competitiva, pero por el contra, es la gran desconocida y suele ser percibida como poco atractiva desde el punto de vista de su utilización. Entre todos tenemos que potenciar la Formación Profesional como una acción válida de inserción y reinserción en el mercado de trabajo, casi de inmediato y a la vez de progreso personal.
El gran reto en el siglo XXI, tal como lo ha planteado la propia Comisión Europea, es la formación de adultos, o más bien la formación a lo largo de la vida. Actualmente, aproximadamente sólo el 10 % del conjunto de la población activa hace formación continua. He aquí un gran reto para aumentar la cualificación profesional del conjunto de los trabajadores. Para esto, es necesario un sistema de Cualificación y Formación Profesional potente, ágil y de calidad que este a disposición de toda la población.
El marco legal en España empieza con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que ordena un sistema integral de formación profesional, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, en cuyo marco deben orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores.
La citada ley define la formación profesional como un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, e incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las acciones orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales.
El Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dictado en desarrollo de la Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, modificado por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, que define la estructura y el contenido del Catálogo y de sus componentes: cualificaciones, unidades de competencia y módulos formativos asociados del Catálogo Modular de Formación Profesional. Asimismo, establece los procedimientos básicos para la elaboración y actualización de ambos, y garantiza la flexibilidad necesaria para la elaboración de los correspondientes títulos de formación profesional, competencia de la Administración educativa, y certificados de profesionalidad, competencia de la Administración laboral.
Finalmente, con la publicación del Real Decreto 1224/2009, de 17 de junio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, se determina el procedimiento único, tanto para el ámbito educativo como para el laboral, para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, lo que supone una gran oportunidad para el desarrollo de los profesionales en nuestro país.
La situación actual de crisis mundial, y también en nuestro país, nos demanda cambiar nuestro modelo productivo. Esto sólo será posible si invertimos y lo hacemos bien en Educación, Formación y en I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación Tecnológica), y aquí tenemos una oportunidad para mejorar el nivel de Cualificación del conjunto de la población activa.
En resumen, la cualificación profesional es, por un lado, una necesidad económica, y por otro lado, una demanda social que irá cada vez cogiendo más impulso. Como trabajadores, exigiremos no sólo que la empresa en la que prestamos nuestros servicios nos forme, sino que además requeriremos que esta formación tenga un reconocimiento, es decir, que se nos reconozcan las competencias adquiridas.
Por tanto, desde otro punto de vista, la cualificación profesional es a la vez un gran reto y una magnífica oportunidad para nuestra sociedad, y en concreto, para la empresa española. Aquellas empresas que sepan adaptar su formación continua al catálogo nacional de cualificaciones profesionales obtendrán una ventaja competitiva derivada de la atracción y fidelización del mejor talento.
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