Probablemente todos sentimos la sensación, de que "el curso de verdad esta vez no empezó el 15 de Septiembre, sino que está empezando ahora". Hemos vivido este año el efecto insospechado de recibir felicitaciones para el año 2010, -dado que se da por descontado que el año que empieza va a ser terriblemente malo-. No sabemos cuán malo va a ser, pero sí que todas las previsiones apuntan a que "lo bueno todavía está por llegar".
Y aunque hay muchos factores que soportan esta preocupación, me permitiréis que, por cuestiones estrictamente de conocimiento personal, centre mi interés en el campo del empleo. Acabamos de constatar que hemos alcanzado los 3 millones de desempleados, y lo que es más relevante, con casi un millón de desempleados más que a finales del 2007. Hemos leído también, y el sentido común lo corrobora, que esta tendencia al crecimiento del desempleo va a agravarse en los próximos meses.
El servicio de estudios de La Caixa habla de alcanzar los 3.750.000 a finales de año, y otros se atreven a anticipar una cifra todavía superior que situaría los niveles de desempleo en el 18% de la población activa. Unas cifras que, probablemente, no se recuerdan desde los 80 y que situarán a nuestro país en el número 1 del ranking europeo en este campo.
Evidentemente vivimos durante 2008, y todo apunta que seguiremos viviendo este año, en un periodo que podríamos calificar como de "malos tiempos para el empleo". Y aunque no existen ni las formulas mágicas ni las soluciones milagrosas, soy de los que pienso, y hace poco escribí sobre ello, que en este tipo de materias es mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Y, permitirme el comentario, no creo que se estén haciendo muchas cosas que sí podrían y deberían hacerse.
Por ejemplo, y en paralelo a otro tipo de acciones a las cuales me referiré después, soy de los que mantengo el criterio de que nada nos impide implantar medidas que introduzcan elementos de competitividad en la gestión del empleo. Aunque soy plenamente consciente de los "tabúes" que todavía tenemos en esta materia, me parece de poca lógica que sea éste el único de los cuatro "derechos constitucionales" -los otros tres serían la educación, la sanidad y la seguridad- en el que todavía no hemos sido capaces de introducir elementos de colaboración y competencia entre el sector público y el sector privado.
He seguido, por razones evidentes, con interés, los comentarios, artículos, entrevistas que se están publicando sobre la crisis y su impacto en la gestión empresarial y en el empleo, y de entre todo lo que se ha escrito voy a referirme a tres opiniones: La que Mario Armero formula en su artículo "audacia contra la crisis", publicado en el País el pasado 21 de Diciembre, la que Enrique Sánchez expone en la entrevista que publica Expansión el miércoles 7 de Enero, y, por último las que Juan Antonio Sagardoy formula en su artículo "del diagnóstico a la acción" del pasado 9 de Enero también en el País. Aunque los tres tratan, evidentemente, el problema del empleo desde perspectivas totalmente distintas, los tres inciden en el que considero que es el elemento clave de este mensaje: Pongámonos de acuerdo en que algo hay que hacer. Y lo que hay que hacer es un conjunto de cosas que incluyen cambios de mentalidad -Mario-, introducción de elementos de competencia -Enrique- y modificaciones legales que favorezcan la flexibilidad en la contratación, que no el despido. -Juan Antonio-.
Paralelamente sigo también con interés la falta de noticias sobre el avance del proceso de diálogo social. Hagamos algo, por favor, y hagámoslo ya, aunque luego tengamos que rectificar. Creo que en esta materia también es posible el ejercicio del acierto y del error. ¿Tan malo, tan negativo, tan imposible es que los interlocutores sociales se pongan de acuerdo para trabajar en el cambio de mentalidad social en este materia, incentivando de verdad el acceso al empleo del trabajador perceptor de prestaciones, introducir elementos de competencia en la gestión del empleo en paralelo a la mejora del Sistema Público de Empleo, y, por ultimo, implantar e introducir medidas legislativas -aunque sea en términos temporales o de prueba- que faciliten e incentiven la contratación?
Francamente, creo que no debería de ser imposible.
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