El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, que se reunió ayer en Málaga con la dirección del Partido Popular de Andalucía para analizar la situación económica y proponer soluciones, abogó por la ‘subida cero’ e informó de que la congelación salarial sin la actualización correspondiente al IPC afectaría a los parlamentarios y a los altos cargos de la Administración andaluza, de sus empresas públicas y de sus organismos dependientes, así como al personal de confianza de la Junta.
De igual modo, se contempla impulsar un Pacto por la Competitividad y el Empleo y la puesta en marcha de un Plan Sectorial de Competitividad, por valor de 80 millones de euros, con el fin de apoyar y dinamizar sectores emergentes –energías renovables, empresas sociosanitarias, de bases tecnológica, etcétera– y también consolidados –mármol, madera, metal, comercio, etcétera–.
Además, el PP andaluz propone medidas en materia de empleo como el apoyo a la contratación estable y el trabajo a tiempo parcial indefinido para conciliar la vida familiar y laboral, la formación profesional a desempleadas y reforzar la formación continua y el reciclaje profesional.
Otras de las medidas incluidas en este paquete son la ampliación de las políticas activas de empleo, la Ley Integral contra la Siniestralidad Laboral y un plan de choque contra los accidentes laborales.
El decálogo incluye, asimismo, la creación de un Fondo Compensatorio de Hipotecas con una aportación inicial de 125 millones de euros para atender los desequilibrios provocados por la crisis y paliar las situaciones de riesgo patrimonial de muchas familias andaluzas.
REDUCCIÓN DE CONSEJERÍAS
El líder de los populares andaluces apostó también por la reducción de 15 a 11 de las consejerías, lo que supondría un ahorro medio anual de 210 millones de euros. Al respecto, comentó que se fusionarían algunos departamentos, como Obras Públicas y Vivienda, lo que, a su vez, permitiría crear otros como Inmigración y Agua.
La disminución en un 50 por ciento de los altos cargos de la Junta de Andalucía, lo que equivaldría a pasar de 198 a 99, es otra de las propuestas populares. En esta medida se incluye la reducción de los delegados provinciales de 110 a 56. Su aplicación supondría un ahorro medio de casi 8,5 millones de euros anuales, según Arenas.
Propuso también ‘la rebaja real y efectiva’ de impuestos en Andalucía que alivie la factura fiscal de las familias y active la economía y el empleo, con medidas como la deducción del IRPF de 500 euros para el fomento del autoempleo para jóvenes, parados mayores de 45 años, discapacitados, colectivos con dificultades de inserción laboral y mujeres; de 400 euros por cada hijo mayor de tres años y menor de cinco para las mujeres trabajadoras; la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, lo que facilitaría la transmisión de empresas y negocios familiares sin tributación añadida, y la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
AYUNTAMIENTOS
Se aboga, igualmente, por la transferencia a los ayuntamientos de un fondo para atender las urgencias sociales de los ciudadanos, por valor de 35 millones de euros. El objetivo de esta medida es dar respuesta inmediata, a través de los consistorios, a las necesidades más urgentes que plantean muchas familias andaluzas.
También se plantea la reordenación del sector público andaluz con criterios de calidad y eficiencia y con el objeto de paliar el alto coste que tiene en la actualidad para el presupuesto de la Comunidad autónoma, y un plan de austeridad en el gasto corriente de la Administración autonómica y la reducción a la mitad de la publicidad institucional de la Junta.
La última de las medidas del PP es la creación en el Parlamento de Andalucía de una comisión especial de seguimiento y control de las inversiones de la Junta, cuyo cometido sería, según Arenas, ‘velar por la ejecución de los presupuestos aprobados’.
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