Error cero

Soy de la opinión de que a ciertos profesionales no se les deberían permitir errores, por la simple razón de que los mismos podrían causar la muerte de personas. Está afirmación se podría aplicar, por extensión, a todos aquellos que son necesarios para que los primeros desarrollen su trabajo. Mis ejemplos son siempre los mismos: pilotos de aviación y médicos. Por extensión, técnicos, ingenieros, controladores aéreos, enfermeras, celadores…

Aunque quizá éstas profesiones –médicos y pilotos- puedan ser los sujetos pasivos prioritarios de ésta exigencia de “error cero”, no hay que olvidar otras muchas que tienen responsabilidad sobre vidas humanas: Conductores de autobús, metro, taxi, bomberos, policía, técnicos de conservación de edificios, arquitectos…

Siendo consciente de que esa posibilidad de “error cero” no es más que una utopia, sí se podría exigir extrema diligencia a estos profesionales, y a los encargados de supervisarles, para  evitar errores o minimizar, en caso de que ocurran, los efectos de los mismos.

Con la justicia patas arriba – funcionarios de la justicia no transferida a las CC.AA.-, la profesión de juez se ha convertido –si es que no lo era desde sus inicios- en una de esas profesiones que tiene responsabilidad sobre la vida de las personas; en el caso de lo penal, sobre la vida de los criminales que meten entre rejas y sobre la vida de las víctimas de esos criminales, porque ven –con mayor o menor satisfacción- como estos deben cumplir sus condenas o porque comprueban cómo un error les priva de manera vil de un ser querido para el resto de su existencia.

El caso de la niña de Huelva, presuntamente asesinada por un pederasta que debía estar entre rejas y que no lo estaba, es un caso, según el juez decano de Sevilla, de sobrecarga de trabajo. Es decir, a esa niña la ha asesinado un exceso de trabajo. Además, según el juez presuntamente culpable del error, quien creía que el criminal estaba en prisión, todo se debió a una baja laboral de cinco meses de una funcionaria del juzgado –algo negado por la Junta de Andalucía. Además, éste juez ya fue sancionado años atrás por no hacer su trabajo con diligencia con… 50.000 pesetas de entonces -300 euros-.

Empieza ahora el capítulo de “balones fuera” por parte de todos los presuntamente responsables, Gobierno incluido. En un caso penal, como es éste, la negligencia ha supuesto la muerte de una niña de cinco años. No será ni el primero ni el último, seguirán matando y muriendo… y cometiéndose errores judiciales que propiciarán las muertes. Y no se trata de si la Ley es permisiva, favorable para los criminales… eso es otra cuestión; se trata de exigir a los funcionarios de turno que hagan su trabajo, y de que se les sancione y aparte de la carrera si se demuestra una negligencia de éste calibre, independientemente de su resultado. Y se debe sancionar a los superiores de los que han hecho mal su trabajo, y a aquellos que están por encima supervisándoles a todos ellos, no importando lo lejos que estén del negligente inicial ni si son funcionarios o políticos.

La judicial debe ser una profesión de “error cero”, y no lo será hasta que el asesinato de una niña a manos de un criminal en libertad logre llenar más páginas en los periódicos que el error de un árbitro de fútbol, como mínimo.