Dicho veto, empero, no está muy claro. El Consejo de Ministros aprobó el 15 de junio el anteproyecto de ley de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que, en la práctica, no hace más que transponer dos directivas europeas. En su redacción inicial, se concedía al Ejecutivo la facultad de vetar el traslado de compañías españolas al extranjero bajo la apelación a un pretendido «interés público», así como de oponerse por el mismo motivo a fusiones entre empresas de diferentes Estados de la UE.
Fue entonces cuando 'saltaron las alarmas' en el Ministerio de Economía y Hacienda. Los motivos fueron varios. Primero, porque Bruselas es totalmente contraria a este tipo de medidas. Y segundo, porque España esta en el punto de mira de las instituciones europeas a raíz de toda la polémica que ha rodeado las 'opas' sucesivas sobre Endesa. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, se puso manos a la obra y, en apariencia, logró retirar del texto los dos artículos controvertidos.
Esperar a septiembre
Sin embargo, a día de hoy no está claro si realmente lo consiguió y habrá que esperar a conocer en septiembre el proyecto final que se mandará al Parlamento. En Justicia defienden la validez del primer texto porque la normativa europea permite a sus Estados regular «el derecho de posición» frente a determinados cambios estructurales de las empresas.
Asimismo, recuerdan que en la ley aprobada hace un año y medio sobre la sociedad anónima europea ya se contempla la posibilidad de que España pueda oponerse al traslado de una de esas compañías, opción que, por el contrario, no se ha previsto para las empresas nacionales.
Entre 1995 y 2005, periodo analizado por el Ministerio de Industria en un informe remitido a la subcomisión sobre deslocalizaciones creada en el Congreso de los Diputados, un total de 113.289 millones de euros salieron de España, dos tercios de ellos dentro de la industria manufacturera, la más sensible a este tipo de movimientos. Dentro de ella, más del 66% de los fondos 'huidos' correspondieron a los sectores químico, extractivo y de refino de petróleo, alimentación y fabricación de productos minerales no metálicos.
Tras un análisis más pormenorizado, los técnicos de Industria sólo observan retrocesos simultáneos en la ocupación y la cifra de negocio en dos sectores: máquinas de oficina y equipos informáticos y, en menor medida, cuero y calzado.
Sería ahí donde se podría hablar de un proceso de deslocalización con todas sus consecuencias, pero entre ambas ramas apenas suponen el 1% de las desinversiones extranjeras realizadas en los once años estudiados y poco más del 5% si se suman todas la salidas de capital, incluida la inversión exterior española (97.076 millones), que en 2005 era la octava más cuantiosa del mundo.
El fenómeno de las deslocalizaciones tuvo más incidencia entre 2000 y 2005, años en los que casi medio centenar empresas nacionales y extranjeras cerraron sus plantas en España para instalarlas en otros países, lo que destruyó cerca de 25.000 empleos. A pesar de ello, los sindicatos son más partidarios de exigir unas condiciones previas a las multinacionales que se asienten en el país que de penalizarles por marcharse después.
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