Si por los discapacitados fuera, podríamos tener más de un millón de leyes de dependencia distintas, adaptada cada una de ellas a su caso particular. Pero no es posible. Y lo que es cierto es que, hasta ahora, no había ningún instrumento legal que se ocupara de garantizar el bienestar de las personas afectadas por una discapacidad; mejor dicho, no existía una ley que se dirigiera exclusivamente a personas dependientes, aproximadamente un millón trescientas mil en España.
Aunque, como siempre, habrá opiniones para todos los gustos, esta ley supone una garantía mínima de calidad de vida para aquellas personas que necesitan de otras en su existencia diaria. Y nadie está a salvo de sufrir una situación de dependencia a lo largo de su vida.
Si bien la asistencia que se proporcionará de acuerdo a esta ley será gradual, ya en 2.007 unas 200.000 personas podrán beneficiarse de las medidas recogidas en el texto legal. Para ello, el Estado invertirá más de 12.000 millones de euros hasta 2.015, financiación en la que también participarán las Comunidades Autónomas, estableciéndose un sistema de copago entre la Administración y los beneficiarios, en función de la renta de cada uno. Este, sin duda, será uno de los puntos más controvertidos.
El aspecto más positivo de esta iniciativa es que no existía antes, y todo lo que sea mejorar es bueno. Además, se generará negocio y empleo en el ámbito de los servicios socio-sanitarios.
Lo más negativo, que el legislador sólo tiene en cuenta, a la hora de hacer la ley, generalidades. Y habrá muchos casos individuales que no alcanzarán una protección mínima, quedándose como están.
En cualquier caso, y sin caer en el entusiasmo, esta ley es un paso adelante dentro de nuestro sistema de protección, porque de cero hemos pasado a uno. Pero habrá que estar en la piel del discapacitado o de la persona que le presta el apoyo para saber si es o será una ley eficaz o, por el contrario, otra herramienta efectiva de marketing social.
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