Afiliados de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) representantes de la Plataforma Unitaria de Encuentro para la Democratización de la ONCE (PUEDO) han denunciado en Málaga estar sometidos a ‘represalias’ por parte de la Dirección al darse de baja del grupo Unión Progresista que rige la entidad.
El presidente de PUEDO, Miguel Durán, señaló a Efe que los empleados de ONCE sufren este tipo de abusos desde hace doce años en todas las provincias españolas, aunque últimamente en la capital de la Costa del Sol han sido ‘especialmente descarados’.
Durán explicó que la ONCE, como Corporación de Derecho Público, funciona con un sistema democrático mediante el que los afiliados eligen a las personas que les representarán en cada mandato de cuatro años, aunque apostilló que este sistema es democrático ‘tan sólo en apariencia’.
En la Institución conviven diferentes grupos o corrientes políticas que presentan sus candidaturas, una de ellas es Unidad Progresista (UP), el grupo que resultó más votado en las últimas elecciones.
PUEDO representa en la actualidad la alternativa a esta corriente a la que pueden afiliarse libremente los empleados de la ONCE, pero ‘el problema radica en que cuando lo hacen, peligra su permanencia en la institución si su contrato es temporal o bien son sometidos a otro tipo de represalias como trasladarle de puesto si se trata de un vendedor de quiosco’.
El viernes, una veintena de representantes de esta alternativa se encerraron en la delegación que la ONCE posee en Málaga desde las siete de la tarde hasta las siete de la mañana para protestar por este tipo de comportamientos y exigir el cese de su director administrativo, Cristóbal Fernández, por este tipo de prácticas y la ‘pésima’ gestión de la entidad que lleva a cabo.
El miembro de la ejecutiva nacional de PUEDO, Emiliano Madrid, aseguró a Efe que ‘no será el único acto de protesta’ que su plataforma ejecute.
Asimismo, señaló que la ‘gota que ha colmado el vaso’ en los últimos meses ha sido el despido de Lucía Soria, una empleada de Ronda (Málaga), cuyo marido y tres hijos son ciegos como ella, y a la que no se le renovó el contrato por tener supuestamente ‘baja rentabilidad de puntos de venta terminales’ cuando ‘no hay ningún baremo para medir este tipo de venta y curiosamente se había afiliado a PUEDO’.
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