El escenario que vive España a causa del COVID-19 es totalmente extraordinario y, hasta hace poco, sólo nos lo hubiéramos imaginado como argumento de película. Obliga al aislamiento social de millones de personas y pone a prueba tanto al Sistema Sanitario como a otros colectivos fundamentales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los trabajadores de los sectores de limpieza y aquellos encargados de la producción y distribución de productos de primera necesidad. Esta crisis tendrá un importante impacto en la economía y, sin duda, añadirá especial tensión al Sistema de Seguridad Social en España.
El Estado está focalizado en atajar la crisis sanitaria, sin reparar en gastos, y la colaboración pública y privada se está demostrando como esencial, dando lugar a muestras de solidaridad de las empresas españolas a la altura de las circunstancias.
Desde el punto de vista económico, tanto en el ámbito de los ingresos como de los gastos, los despidos, las bajas de trabajadores autónomos y la aplicación de expedientes de regulación temporal de empleo (“ERTE”) por causa de fuerza mayor, de acuerdo al Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que exonera total o parcialmente del pago de las cuotas a la Seguridad Social, influyen enormemente en el déficit de la Seguridad Social. Un déficit que se encuentra cercano ya a los 17.000 millones de euros anuales.
Estas medidas urgentes dejan, por tanto, obsoletas las anunciadas a principios de año por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en relación a un plan para acabar con el déficit de la Seguridad Social drenándola de gastos ajenos al sistema, entre otros.
Adicionalmente, recordemos que el Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad Social, volvió a vincular por tercer año consecutivo las prestaciones al IPC, lo que llevó el pasado mes de febrero a la Comisión Europea a advertir a España del peligro a medio y largo plazo de esta medida, junto con la falta de aplicación del factor de sostenibilidad.
Por otro lado, el ministro también anunció el fomento de planes de previsión social empresariales (en perjuicio de los planes individuales) y el endurecimiento del acceso a las jubilaciones anticipadas. Una dirección del Gobierno que, si bien queda aplazada por la situación actual, es la que se prevé cobre más fuerza tras la crisis.
Recordemos que los instrumentos que cubren compromisos por pensiones son considerados como un elemento sustancial de la responsabilidad social corporativa (RSC), en la medida en que cubren al empleado más allá de su etapa como trabajador de la compañía, al acceder a la jubilación, contemplando otras contingencias y situaciones excepcionales como la incapacidad, el fallecimiento, la enfermedad grave y el desempleo de larga duración.
La puesta en marcha de sistemas de previsión en el ámbito de la empresa es, igualmente, una extensión de la colaboración pública y privada que además supone un elemento fundamental de vinculación y motivación de los trabajadores.
Efectivamente, reconociendo la calidad del sistema público de pensiones, que ha sido, es y será el elemento vertebrador de solidaridad intergeneracional, se debería abrir un debate serio y sosegado sobre el desarrollo del segundo pilar (previsión social empresarial) y del tercer pilar (ahorro individual). El mismo debe ser impulsado desde la esfera política, en colaboración con las organizaciones empresariales y los agentes sociales. La colaboración pública y privada en este ámbito no sólo es recomendable, sino que será fundamental en el corto y medio plazo para ponernos al nivel de los países de nuestro entorno, y para ayudar en la transición que, necesariamente, debe afrontarse en el sistema público de pensiones.
En base a todo lo anterior, y desde el punto de vista corporativo, las mismas empresas que están mostrando una enorme solidaridad con la sociedad hoy deben prepararse para el futuro, dotando a sus empleados de los recursos necesarios para afrontar su desvinculación en la mejor de las circunstancias y con todas las garantías posibles.
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