Pocas veces ocurre, pero las últimas elecciones europeas en Francia han puesto de relieve un punto en común en todos los partidos políticos, la necesaria reforma de la directiva de trabajadores desplazados de 1996. ¿Cómo ha podido ocurrir? Un trabajador desplazado es un asalariado perteneciente a un país de la unión que se desplaza a otro país europeo durante un periodo limitado. El empleador paga las cotizaciones sociales correspondientes al país de origen del asalariado y no en el país en el que este ejerce su actividad.
Con el desarrollo de la Unión Europea el número de desplazamientos crece provocando que en ocasiones algunas empresas se aprovechan de esta situación abusando del sistema y distorsionando el mercado laboral al beneficiarse de unas cargas sociales más bajas en su país de origen y perjudicando al trabajador local, esto es lo que denominamos dumping social.
Según Agustín Tizón, abogado franco-español y responsable de la oficina parisina de AGM Abogados la cuestión viene de lejos:
“Históricamente los trabajadores desplazados eran aquellos que se encontraban en regiones transfronterizas. En nuestro despacho ya hace años recibíamos consultas de pequeñas empresas y autónomos que se desplazaban a Francia desde provincias como Girona para llevar a cabo obras de unos pocos días, principalmente en el sector de la construcción y en muchas ocasiones los propios empresarios y trabajadores desconocían las obligaciones que debían respetar para trabajar en Francia.”
Este movimiento de trabajadores se incrementó con la crisis provocando un debate dado que la cuestión del desplazamiento fue distorsionada y utilizada como arma política arrojadiza en contra de la Unión Europea. Esto ocurrió obviando que el desplazamiento responde a una demanda de mano de obra del mercado francés y que la ley impone respetar las mismas condiciones de trabajo a los trabajadores desplazados en materia de horario y salario.
Según Agustín Tizón, en los últimos años esta situación ha cambiado: “Además del incremento del control por parte de la administración francesa hemos constatado una voluntad real por parte de las empresas para adecuarse a la normativa laboral. También ha contribuido la mejora de los medios telemáticos puestos en marcha por la Seguridad Social francesa para gestionar administrativamente los desplazamientos y la figura obligatoria del representante en Francia contribuye a mejorar la comunicación entre la administración y las empresas.”
Además, señala, las reformas de la Unión Europea van en el sentido de la armonización de las normas sociales. En este marco se ha adoptado la reforma de la directiva de 1996 que entrara en vigor en 2022, que tiene como objetivo el armonizar las reglas europeas siguiendo el principio de “a igual trabajo, igual salario” y que prevé reducir a 12 meses de la duración máxima del desplazamiento y aplicar a los trabajadores desplazados los mismos beneficios de sector de los que se beneficien los trabajadores del país en el que trabajan.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.