¿Para cuándo una Ley de Huelga?

Hasta hace pocos años, en la industria azucarera existía un puesto de trabajo denominado “cocedor”, que era la persona responsable de efectuar la siembra de azúcar cristalizado, de modo que se extendiese esa cristalización a la masa del azúcar líquido que se extrae de la remolacha o de la caña. Los cocedores llegaban incluso a ocultarse con una manta para que nadie pudiera ver cómo hacían su trabajo, todo ello con el objetivo de ser indispensables, y de transmitir su conocimiento solo a la persona que ellos mismos quisieran, generalmente sus hijos. Afortunadamente, y gracias a los avances tecnológicos, esas situaciones propias de otros tiempos ya no existen y han sido felizmente superadas. 

Actualmente el colectivo de los estibadores pretende seguir manteniendo prebendas y privilegios propios de la Edad Media, todo ello a pesar de estar excelentemente retribuidos, buscando mantener el control de quién tiene que ser estibador y quién no. 

Este colectivo, formado por 6.150 trabajadores, se opone a la reforma que Fomento ha tenido que implementar para acatar una sentencia dictada en 2014 por el Tribunal de Justicia de la UE, que implicará la liquidación de las sociedades de estiba (Sagep) y del registro de estibadores, para liberalizar la contratación de los servicios de estiba sin el control del propio colectivo de estibadores. Actualmente nadie puede entrar en las bolsas de trabajo sin el visto bueno sindical. Según los datos de la Consellería de Economía de Valencia, las retribuciones de los estibadores fluctúan entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, con una media de 100.000 euros. 

Si se llevan a cabo las huelgas anunciadas formalmente por este colectivo a partir del 6 de marzo, implicarán la paralización de todos los puertos españoles, y unas pérdidas estimadas en 50 millones de euros al día, según la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles. Y por otro lado, las sanciones anunciadas por la UE si no se aplica inmediatamente la reforma ascienden a 134.000 euros diarios. De momento ya se están efectuando huelgas encubiertas, amparándose, como es bastante habitual, en una supuesta aplicación estricta de las normas de prevención y seguridad, que está ralentizando enormemente el ritmo de trabajo y causando grandes perjuicios al normal desenvolvimiento de la actividad en los puertos españoles, al tiempo que se están provocando intencionadamente daños materiales en las instalaciones portuarias. 

El valor de la mercancía que se mueve por los puertos españoles en exportaciones e importaciones alcanza los 200.000 millones de euros al año, lo que supone nada menos que un 20% del PIB. Independientemente del devenir de las negociaciones de los estibadores con Fomento durante los próximos días o semanas, es inadmisible que una posible huelga pueda poner en jaque a toda una nación, causando unos perjuicios tan enormes al interés general. 

Aunque yo era bastante jovencito, recuerdo perfectamente que en los comienzos del mandato de Ronald Reagan en 1981 se produjo una huelga de controladores que provocó el total colapso del transporte aéreo en Estados Unidos. Más de 11.000 controladores fueron despedidos de manera fulminante, recibiéndose inmediatamente 45.000 solicitudes para ocupar dichos puestos de trabajo. 

En España nos seguimos rigiendo por un viejo e insuficiente Real Decreto-Ley de 1977 con enormes lagunas que deberían ser corregidas. Pero todos sabemos que en este querido país solo se habla de crear una ley de huelga cuando los huelguistas son los pilotos o los controladores de vuelo, y ningún gobierno se ha atrevido a sacar adelante una buena norma que regule este derecho fundamental. No debería ser tan difícil aprobar una nueva ley de huelga con sentido común que preserve el equilibrio, pero garantizando siempre el interés general por encima de cualquier otra pretensión.