Es evidente que no vamos a quejarnos de las bajadas de impuestos, pero hay algo que a veces el legislador olvida y que es fundamental para que las empresas y las familias puedan organizarse óptimamente: la seguridad jurídica.
El 1 de enero entró en vigor una reforma fiscal que se estuvo estudiando durante los tres años anteriores y que finalmente afectó, fundamentalmente, al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades, que son los impuestos que gravan las rentas que obtienen tanto los particulares como las empresas españolas. Pues bien, una vez que todos ya nos habíamos enterado de lo que nos tocaba pagar a Hacienda en 2015, llegó el mes de julio y nos lo cambiaron. Pero ahí no acaba la cosa, porque a 1 de enero del próximo año, volverán a cambiar los tipos impositivos, tanto del IRPF como del Impuesto sobre Sociedades. Con unas elecciones por delante, quizá los cambios para 2016 no sean los que están previstos, sino que a lo mejor nos los vuelven a modificar de aquí a entonces… eso sí, tranquilos que ante unas elecciones siempre seguirá siendo a la baja. Después de las elecciones, ya veremos.
Como decía al principio, no están los bolsillos familiares ni los de las empresas para quejarse, ya que el objetivo de estas últimas reformas fiscales ha sido que paguemos menos impuestos o, al menos en cuanto a tipos impositivos se refiere, pero lo cierto es que la imagen que damos como país con estos continuos cambios no es la que proporciona mayor seguridad a las inversiones, pues el inversor descuenta que igual que en un país se improvisan las bajadas de impuestos, se pueden improvisar las subidas.
Pero al margen del impacto de las reformas fiscales en los inversores, en lo que quería centrarme es en el impacto que para la planificación familiar y empresarial tienen estos cambios.
Las familias, al igual que las empresas, deben conocer con claridad qué porcentaje de sus ingresos se destinan a pagar impuestos y, generalmente, hasta que no se cumplimenta la declaración del IRPF, unos meses después de haber finalizado el correspondiente año fiscal, no lo saben con certeza. Los conceptos como determinadas deducciones que no se tienen en cuenta en el cálculo de las retenciones y los continuos cambios normativos hacen que sea muy difícil conocer para el trabajador lo que realmente va a tener que pagar el año siguiente. Y todo ello si sólo tenemos en cuenta el IRPF, que ya si intentamos hacer el ejercicio de calcular lo que el particular se gasta al año en IVA, en impuestos sobre los carburantes, impuestos locales -como el IBI o las tasas de basuras- y, si encima, tiene la mala costumbre de fumar, ¡no les cuento!
En cada reforma que se ha presentado en los últimos años se ha argumentado como objetivo recurrente la simplificación de los impuestos, pero la realidad es que en España los impuestos cada vez son más oscuros y complejos.
Además de lo que una subida o bajada de impuestos puede afectar a la planificación presupuestaria de las empresas, la adaptación de los departamentos de administración a los cambios que se producen -la mayoría de las veces con un plazo brevísimo de implementación, que ni siquiera permite la adaptación de los sistemas informáticos- trastocan de forma excesiva la actividad de las empresas
Y, al margen de los departamentos de administración de las empresas, los de recursos humanos también son sufridores de las reformas fiscales ya que, ante un cambio en las normas del IRPF, soportan innumerables consultas de sus trabajadores sobre cómo les va a afectar en sus nóminas y en sus retenciones. En el caso de las bajadas del IRPF la actitud de los trabajadores suele ser al menos amable, pero cuando se trata de reformas fiscales al alza, en muchos casos el trabajador llega a dudar de si efectivamente su bajada de ingresos responde a una reforma fiscal o es que el empresario ha aprovechado para bajarle el sueldo; aunque cuando explicas la nómina todo se aclara, es inevitable que la primera reacción es echarle la culpa a la empresa porque, no nos engañemos, al trabajador lo que le importa es su sueldo neto, es decir, el ingreso que recibe cada mes en su cuenta corriente. El trabajador no puede generalmente quejarse a los políticos más que una vez cada cuatro años, ejerciendo su derecho al voto y, claro, al departamento de recursos humanos lo tiene más accesible que al Congreso de los Diputados.
Adaptemos el sistema fiscal a las condiciones económicas del país y no a los calendarios electorales, porque los ingresos son una cosa muy seria. Hagamos reformas fiscales cuando se pueda o se deba pero señores legisladores, por favor, no improvisen, simplifiquen de una vez por todas nuestro sistema tributario y dótenlo de la necesaria seguridad jurídica. Toda la sociedad se lo va a agradecer y los departamentos de recursos humanos, especialmente.
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