¡REVOLUCIÓN O MUERTE! (Valga la redundancia)

La consigna “¡REVOLUCIÓN O MUERTE!” apareció en el muro de un patio de la Habana Vieja,  perfecta y simétricamente rotulada en vivos colores. Queriendo parecer un acto de adhesión espontánea al comandante y su obra, la calidad de la factura contradecía esa pretendida apariencia y, posiblemente por ello, alguien cruzó la calle esa noche armado de cubo y brocha para escribir debajo con trazo nervioso la sentenciosa apostilla: “(valga la redundancia)”.

En España, la mayoría de los actores del subsistema de Formación para el Empleo sigue respetuosamente atenta a las noticias sobre el anunciado “nuevo modelo” pero no faltan rupturistas e impacientes que a, a base de editoriales, titulares y opiniones, parecen haber llegado ya a la madre de todas las exigencias: que se haga ya la revolución y se liquide el sistema. ¡Revolución o muerte!… valga la redundancia.

Liquidacionistas habrá que perdieron la fe en el sistema por una lógica e íntima convicción pero también quienes han adivinado que ese “nuevo modelo” ya no les reportará utilidad alguna. Y también engordan su caldo con cada mala noticia usuarios de una munición cuyo calibre y alcance verdaderamente asusta.

En estos tiempos, el reformismo y la templanza no viven, como opciones metodológicas, su mejor momento y el ciudadano perplejo, herido en sus expectativas de progreso, reclama correcciones simples e inmediatas a las desviaciones del sistema, que es verdad, han sido de traca.

Pero lamentablemente, se están ignorando u olvidando algunas cosas: De un lado, que el fraude en la Formación, ya localizado en el tiempo y el espacio, se está combatiendo con todos los medios legales de que el Estado dispone y con la Ley en la mano. De otro, que desde la reforma laboral de 2012 ha habido cambios y reformas en la Formación para el Empleo que van a cambiar a su vez y en pocos años la percepción social del sistema. Estas reformas y cambios, por cierto, no se han hecho a golpe de titular ni al calor de los medios, sino con mesura, reflexión y trabajo de despacho, es decir, en la manera y el lugar en que hay que hacerlos. Son medidas, en fin, inspiradas por una clara voluntad de mejorar las cosas sin alardes de artificio y sin tirarlo todo por la borda.

Cada año, por ejemplo, regresan al Tesoro público millones de euros de los fondos de formación por su uso incorrecto o injustificado y cada día conocemos casos de fraude precisamente porque se detecta y se castiga el fraude. Hubo importantes cambios reglamentarios en 2012 y en su aplicación, cada convocatoria estatal desde ese año ha venido haciendo más énfasis en la eficiencia de los planes (por la reducción de costes asociados y el mayor alcance personal y territorial de los cursos). La empleabilidad se ha consolidado, gracias también a esas reformas, como eje estratégico del subsistema (se ha priorizado, por ejemplo, la oferta de formación en los certificados más adaptados a las necesidades productivas).

En este tiempo, se ha perfilado con más precisión el papel de dos importantes elementos instrumentales del cambio: Uno es la participación directa de los centros y entidades de formación y de las empresas en la ejecución de los planes de formación certificable y en los cursos con compromiso de contratación, respectivamente. El otro es la exigencia de solvencia técnica y financiera a las entidades solicitantes, que asegura la atribución de los recursos a quien puede y debe recibirlos.

Respecto a lo primero, los datos apuntan a que en las convocatorias estatales vigentes el número de centros y entidades de formación que recibirán directamente fondos para la formación será muy superior al de ediciones pasadas. En relación con lo segundo, parece que muchos solicitantes han dado por descontado que las novedosas exigencias de solvencia del pasado año se consolidarían y han mejorado sus estructuras para concurrir este año o se han abstenido de acudir a las convocatorias. Si a ello se añade la extensión e intensificación de la actividad del seguimiento y control de las subvenciones por parte del servicio Público de Empleo Estatal, hay motivos para creer que en muy pocos años el fraude y la malversación dejarán de ser noticia o sólo lo serán por su excepcionalidad.

Quizás la desproporcionada atención que se ha prestado a los cursos de Formación para el empleo tenga algo que ver con el protagonismo de los agentes sociales en el subsistema pero en cualquier modelo de Formación que se imagine los agentes tienen y deben tener un papel protagonista. Nuestros interlocutores sociales, por cierto, han demostrado en estos años de reformas una gran capacidad de adaptación y una visión responsable frente a las circunstancias del momento, han reconocido y reivindicado la necesidad de cambio y han ofrecido, sin dejar de mostrar su legítima disconformidad con algunas medidas, una clara disposición a debatir sobre cualquier cuestión, incluida la de su propio papel en el subsistema.

Pero en los procesos de cambio, fiarlo todo a las pulsiones básicas y no resistirse a las tentaciones de la hora concreta es una decisión de alto riesgo, como lo es apoyarse en un escalón podrido para tomar impulso. Cambiar con perspectiva, sin obsesiones mediáticas y partiendo de lo positivo de aquello que ha de cambiar es lo correcto y esto ha de hacerse, además, con decisión y humildad, evitando caer en la indolencia institucional, la invención de la pólvora o el postureo. Es necesario que el sistema sea más visible y también más previsible, que los recursos se orienten decididamente a las necesidades formativas y que la participación de las Administraciones y los agentes tenga un sentido menos emocional y más práctico.
Por fortuna, la voluntad de cambio ya está declarada y ese es el punto crítico de cualquier proceso. Si es cierto aquello que escribió Scott (“el primer paso es la mitad del camino”) el nuevo modelo llegará sin duda a tiempo.