Desde el 2 de agosto, España ha incumplido la directiva europea de conciliación que exige la retribución de al menos cuatro de las ocho semanas del permiso parental, lo que los trabajadores pueden solicitar hasta que sus hijos cumplan 8 años. Este incumplimiento ha derivado en la apertura de un expediente sancionador por parte de Bruselas, con un ultimátum de dos meses para corregir la situación.
El retraso en la aplicación de esta medida, clave para mejorar la conciliación de los padres y madres con su vida laboral, ha generado inquietud en el ecosistema laboral español. Según ha advertido la Comisión Europea, el no cumplimiento de esta directiva podría suponer una multa de hasta 7 millones de euros, cifra que aumentaría si el incumplimiento se prolonga.
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