La mitad de las denuncias estaban vinculadas con conflictos entre el personal, el 15% con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos y el 13% con corrupción.
Según el estudio de EQS Group, el 79% de las empresas en nuestro país cuenta ya con un canal de denuncias. No obstante, España se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea (85%) y de otros países como Francia (95%) o Alemania (82%). La principal motivación de estas empresas que han puesto en marcha medios para comunicar infracciones ha sido el cumplimiento de la ley (78%) seguido del interés por desarrollar una cultura corporativa o entorno más transparentes (66%).
Además, el 84% de estas poseen canales anónimos para denunciar infracciones, dato que reafirma el objetivo de la norma y de las políticas elegidas por estas empresas: los trabajadores necesitan medios seguros para señalar las infracciones normativas, de forma que no sientan que ponen en riesgo su puesto de trabajo o que cualquier compañero o superior pueda tomar represalias en su contra. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, los empleados no son los únicos con acceso a estas plataformas de denuncia, y el 79% de las compañías las pone también a disposición de proveedores, clientes, socios y accionistas, garantizando así una mayor transparencia en las relaciones de la compañía con sus stakeholders.
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