UGT ha pedido a las comunidades autónomas que habiliten a los técnicos de prevención de riesgos laborales para ejercer las labores de inspección, tal y como contempla el acuerdo alcanzado en esta materia en el proceso de diálogo social.
UGT indica en un comunicado que si se acreditara a la mitad de los técnicos, se duplicarían los esfuerzos en materia de prevención de riesgos laborales y se conseguirían rebajar los accidentes laborales, que han crecido un 4,7% en el primer semestre del año, con 492 víctimas mortales. Así, señala que se pasaría de 800 a 1.500 inspectores.
Los datos de accidentes laborales anticipan, según el sindicato, uno de los veranos "más negros" de los últimos años, ya que sólo en junio fallecieron 19 trabajadores.
Para UGT, es "intolerable" que diez años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales "siga incumpliéndose la norma" y que ocho de cada diez trabajadores fallecidos como consecuencia de un accidente de trabajo se haya registrado en empresas sin organización preventiva.
No obstante, el sindicato, que considera un avance importante la creación de una Fiscalía especial en esta materia porque impulsará la colaboración con los fiscales para perseguir los delitos contra la salud laboral, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial una "mayor sensibilidad" de los jueces en los casos de accidentes laborales.
CONTROL DE LAS EMPRESAS CON MÁS ACCIDENTES.
UGT plantea también dar publicidad a aquellas empresas que tengan accidentes graves y mortales, prohibiendo el acceso o licitación a contratos públicos con las diferentes administraciones, y a las que incumplan las obligaciones preventivas marcadas en la normativa o hayan tenido accidentes de trabajo graves o mortales como consecuencia del incumplimiento de la misma.
Finalmente, el sindicato pide la aprobación urgente de la Estrategia Española en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, reforzando la cultura de prevención con actuaciones dirigidas a las pymes y a colectivos sensibles, impulsando unos criterios legales que definan un modelo preventivo de calidad y elaborando programas formativos específicos dentro del sistema
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