La Fiscalía de Málaga ha solicitado en total siete años y un mes de prisión para cinco representantes de tres empresas relacionadas con la construcción de unas viviendas en la calle Castilla de la capital malagueña, obras en las que un trabajador resultó lesionado al sufrir un accidente laboral en junio de 2001 por no existir las medidas de seguridad adecuadas. Los imputados, para los que se pide la apertura de juicio oral por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudente, son los representantes legales de las empresas Ciesca y Alzahira, Salvador L.C. y Rafael F.S., respectivamente; el encargado de seguridad de la última firma, Rafael T.P., el representante de Estructuras FESA, Fernando S.O.; y el responsable de la obra, José M.B. El accidente laboral se produjo cuando, según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, el trabajador estaba colocando el encofrado interior de uno de los muros de contención de la obra, para lo que estaba subido en un andamio tubula con plataforma de trabajo que 'carecía en todo su perímetro de protección colectiva general'; es decir, barandilla con listón intermedio y rodapié. Además, la estructura general del andamio carecía de las medidas adecuadas para impedir su balanceo y así asegurar su estabilidad; a lo que se suma que en el momento del siniestro, el trabajador no contaba con equipo de protección individual del riesgo de caída de altura, como el cinturón o arnés de seguridad, según el escrito de acusación del ministerio público. La construcción era promovida por dos empresas del grupo Alzahira, aunque para la cimentación y estructuras de edificación se había subcontratado a Estructuras FESA, quien a su vez contrató con Estructuras Ciesca, empresa a la que pertenecía el trabajador accidentado, para la ejecución de la obra. A pesar de que en el plan de seguridad y salud laboral elaborado por la contratista principal constaba los parámetros necesarios para cumplir las normas de seguridad y evitar caídas a nivel, estas medidas no se observaron en el momento de la precipitación del trabajador, según precisa el fiscal en su escrito. Como consecuencia del siniestro, el hombre necesitó 430 días de curación, de los que estuvo hospitalizado 16. Además, le quedan varias secuelas, como limitación para flexionar el pie derecho y cicatrices en el muslo y tobillo derechos; por las que se pide una indemnización de 60.000 euros.
Así, por el delito contra los derechos de los trabajadores, el fiscal solicita para cada acusado las penas de un año de prisión y multa de ocho meses, con cuota de 10 euros; mientras que por el de lesiones imprudentes, pide cinco meses de prisión.
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