Más de la mitad de los accidentes laborales con resultado de muerte que se producen en Madrid -100 en lo que va de año, según los sindicatos- quedan sin investigar debido a que los jueces «no reciben la noticia del crimen», afirma el teniente fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Pedro Martínez. «A diferencia de lo que ocurre en los accidentes de tráfico, en los que la policía se desplaza al lugar e instruye un atestado que después es remitido al juzgado, cuando se trata de un siniestro laboral, sólo en raras ocasiones la policía levanta atestado», aclara Martínez.
Únicamente en un caso se investigan de oficio los accidentes: cuando el trabajador fallece en el tajo y el juez acude allí para levantar el cadáver. Paralelamente a ordenar la autopsia, abre un procedimiento. Pero si el fallecimiento -muchos de ellos tipificables como homicidios imprudentes- se produce en la ambulancia o ya en el hospital, lo habitual es que el juez no tenga la notitia criminis y no se levante atestado. Así, el suceso queda judicialmente impune.
Un dato que avala esta alta tasa de impunidad es que en 2004, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, sólo se incoaron 480 causas por homicidio imprudente en accidente laboral. En ese mismo año, el Ministerio de Trabajo tiene contabilizadas no 480, sino 968 muertes laborales (en toda España). El ministerio, a través de sus inspectores, sí levanta un expediente sancionador en todos los casos, pero éste no siempre termina en manos de jueces y fiscales.
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