El Juzgado de lo Penal Número Dos de Alcalá de Henares, Madrid, ha condenado al gerente y administrador de la empresa Manufacturas Plásticas SA, Luis Jenaro F.M., a dos años de prisión y a pagar una indemnización de más de 785.000 euros, además de una pensión vitalicia de 1.666 euros mensuales, como responsable del accidente laboral que dejó en estado vegetativo a una trabajadora.
El tribunal considera probado que el 1 de julio de 1998 Ana Belén H.H., de 20 años de edad, sufrió una descarga eléctrica al bloquearse una pieza en la máquina inyectora en la que se encontraba trabajando como consecuencia de la «ausencia, puenteo o incorrecto funcionamiento del diferencial que salvaguardaba el circuito eléctrico en el que operaba dicha máquina».
Este accidente laboral hizo que Ana Belén quedara en estado vegetativo y que haya tenido que ser sometida a una traqueostomía permanente para posibilitar la respiración, y a una gastrotomía para poder alimentarse, así como la colocación de férulas en pies y brazos, diversos tratamientos de fisioterapia y medicación.
Además, sufre total ausencia del lenguaje, visión abolida y su capacidad de comprensión es muy limitada. Ante estos hechos, la familia de la joven decidió llevar el caso ante los Tribunales, para lo que contó con el apoyo, como acusación popular, de los sindicatos UGT y CCOO.
Tras casi ocho años de proceso, la sentencia del juzgado de Alcalá de Henares, con fecha 16 de mayo de 2006, ha puesto fin a este largo contencioso con la condena al empresario como autor responsable de un delito de lesiones imprudentes en concurso ideal con un delito contra la seguridad de los trabajadores por imprudencia.
EVITAR SUCESOS SIMILARES
El fallo del juez fue hecho público hoy en rueda de prensa por el abogado de la familia de Ana Belén, Jesús Miana, y por los secretarios de Salud Laboral de CCOO y UGT, Carmelo Plaza y Marisa Rufino, respectivamente.
El letrado expresó el agradecimiento de los familiares de la joven a los sindicatos por su apoyo en este caso y aseguró que el alcance que pueda tener éste evitará, o ayudará a evitar, sucesos similares. Miana aseguró que la sentencia demuestra probado que el accidente, que calificó como «perfectamente evitable», se produjo por el puenteo de los diferenciales de la máquina que manejaba Ana Belén.
Para el abogado, el fallo del tribunal cumple con el objetivo de la familia, «que no era otro que el que la persona responsable pagara por una circunstancia tan dramática».
Además, el letrado indicó que los empleados de Manufacturas Plásticas carecían de toda formación, incluido el delegado de Prevención de Riesgos Laborales, lo que atestigua una «absoluta falta de prevención» por parte del empresario. Finalmente, Miana aseguró que esta condena debería ser «ejemplarizante» para posibles casos similares.
Por su parte, el secretario de Salud Laboral de CCOO, Carmelo Plaza, aseguró que esta sentencia «pone de relieve que la sociedad española no está concienciada frente a la brutal sangría que supone la siniestralidad laboral». «En España se producen al año más de 1.000 muertes en accidentes laborales y en Madrid más de 150, pero sentencias de este tipo que condenen a los responsables prácticamente no existen», explicó Plaza.
Para tratar de terminar con la siniestralidad en la región, el sindicalista abogó por la creación de un Juzgado de Riesgos Laborales y la formación de los fiscales para que trabajen coordinados con la Inspección de Trabajo y la Policía Judicial y llevar ante los tribunales a los infractores de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, el delegado sindical indicó que CCOO y UGT están impulsando la firma de un convenio para que se investigue de forma «rápida y eficaz» todos los delitos contra la vida, la salud y la integridad de los trabajadores y la «ejecución real» de las sentencias contra los empresarios.
Mientras, la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, afirmó que la sentencia de este caso, que calificó como «lamentable y dramático», es importante porque puede servir de «medida disuasoria» de cara a los dueños de las empresas que ponen en peligro la vida y de los trabajadores, «para que vean que tanto a nivel ético como económico es más rentable invertir en prevención».
Según explicó la sindicalista, el accidente de Ana Belén se corresponde con la mayoría de accidentes graves y mortales que se producen en Madrid, ya que existen ciertos parámetros comunes como que se trata de trabajadores jóvenes, con escasa formación y empelados en pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, Rufino abogó por una justicia cuya actuación sea «más contundente porque ningún empresario que incumple la ley termina entrando en la cárcel» y reclamó «más medios, más jueces, más fiscales y más Policía Judicial» para terminar con los accidentes laborales.
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