El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas el borrador de Real Decreto por el que se regulará el sistema de formación profesional para el empleo, con objeto de que formulen cuantas alegaciones, observaciones y propuestas consideren oportunas. Según el Ministerio de Trabajo, se abre ahora un proceso de negociación para alcanzar «el mayor nivel de acuerdo».
Este proyecto de Real Decreto se ha elaborado, afirma el Ministerio, siguiendo las líneas marcadas en el acuerdo firmado el pasado 7 de febrero entre Gobierno e interlocutores sociales, en el que se establece un nuevo sistema de formación profesional.
Este nuevo modelo integra en un marco único la formación continua, dirigida a los trabajadores, y la ocupacional, destinada a los desempleados, del que se informó a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.
Trabajo añade, ante las críticas que se han realizado sobre la eliminación de las CC.AA. de este sistema, que el acuerdo alcanzado es fruto de la Declaración del Diálogo Social firmada en julio de 2004 por el Gobierno y los interlocutores sociales, en el que se establecía que los firmantes analizarían las necesidades de formación de los trabajadores y se posibilitaría «la participación de la gestión de las comunidades autónomas».
En este sentido, afirma que tanto el proyecto de Real Decreto como el acuerdo con los agentes sociales pretenden ser «respetuosos» con el marco constitucional, como lo demuestra el «reconocimiento y profundización» que hacen de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas.
En particular, Trabajo asegura que con el Real Decreto se culmina el compromiso de este Gobierno de avanzar en el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en materia de gestión de formación continua, que ha venido poniendo en práctica desde 2004.
Según el Departamento de Caldera, estos avances comenzaron con la Orden de 30 de junio de 2004, que regulaba las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación, y la de 30 de julio de ese mismo año, que regulaba los contratos programa. En esta última, por primera vez, se contemplaba la participación de las comunidades en la gestión de dichas iniciativas de formación.
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