El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, pidió hoy al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, que aclare si de verdad existe un borrador de proyecto de Real Decreto deja sin competencias a las comunidades autónomas en materia de formación para el empleo.
En rueda de prensa, Duran denunció que, de existir dicha norma, se estaría «inculcando el contenido de la Constitución» y la interpretación del Tribunal Constitucional sobre las competencias autonómicas en formación, «vulnerándose» además algunas de las previsiones que se recogen en el nuevo Estatuto de Cataluña.
De acuerdo con esta supuesta norma, Duran explicó que las competencias en materia de formación no sólo no se transferirían sino que seguirían gestionadas por la patronal y los sindicatos, y no por las comunidades autónomas.
«Y no se limita simplemente a competencias en este ámbito sino que afectaría también a las competencias de formación ocupacional, dado que el citado Real Decreto establece que en un futuro una orden ministerial fijará las bases reguladoras a lo referente en formación ocupacional, competencia que ya ejercen las autonomías», agregó.
El portavoz de CiU señaló que, previsiblemente, el Gobierno parece tener la intención de dar a conocer esta ley una vez se materialice el acuerdo sobre la reforma laboral entre el Ejecutivo y los agentes sociales.
Para Duran i Lleida, esta propuesta sería «regresiva, inconstitucional» y dañaría no sólo las competencias previstas en el Estatuto de Cataluña pactado con el PSOE, sino que también dañaría las competencias que ya ejercen en materia de formación ocupacional los gobiernos autonómicos como el de Cataluña.
Por todo ello, el portavoz de CiU reclamó al Ejecutivo que «paralice» toda intención de aprobar un Real Decreto en los términos expuestos y que, de ser así, lo modifique para que sea acorde a la Constitución.
«Este asunto es tan grave que me gustaría un desmentido por parte del ministro de Trabajo, que diga que este Real Decreto no existe. Pero es tal nuestra preocupación que nos sentimos en la obligación política y moral de denunciar que este borrador existe y que se ha tratado entre las partes, que Caldera lo conoce y que nosotros no podemos ser cómplices del silencio del Gobierno de Cataluña, que intuyo debe conocer este proyecto», observó.
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