El nivel de desarrollo económico y social en España «no parece traducirse» en seguridad de los trabajadores, a pesar de que nuestro país se ha asentado como uno de los más desarrollados del mundo. Sin embargo, «las muertes en accidentes de trabajo se siguen produciendo, haciendo necesaria la toma de medidas por parte de la
Administración en materia de seguridad y control prioritario, en sectores de alto riesgo como el de la construcción», defiende el gerente de la Asociación de Empresas de Equipos de Protección Personal (ASEPAL), José Expósitor.
En un reciente artículo escrito con motivo de la celebración mañana día 28 del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Expitor señala que otra de las causas de este elevado índice de mortalidad laboral «es la práctica ya totalmente extendida de la subcontratación y la precariedad laboral».
A su juicio, las principales acciones con las que se conseguiría reducir esta problemática sería la eliminación de los contratos abusivos y las contratas innecesarias, aunque también resaltó que, con motivo de los debates que se están produciendo en la economía mundial, «hay que tener muy en cuenta, no ya sólo para reducir el número de accidentes, sino para que no se creen circunstancias que puedan hacer que sigan creciendo».
Durante los últimos 15 años el sector de los equipos de protección individual «ha hecho un gran esfuerzo» para adaptar sus procesos productivos a niveles de calidad que son homologables con el resto de la Unión Europea, afirma Expositor. Además, se han desarrollado normas armonizadas para la prevención de riesgos, ya que las empresas «han logrado alcanzar altos estándares de calidad», así como poner en el mercado «únicamente productos que cumplen con las normativas más exigentes, tanto españolas como europeas».
Sin embargo, el gerente de ASEPAL destacó que el esfuerzo realizado por el sector «no siempre ha tenido su equivalente en las actuaciones de la Administración», en donde la carencia principal ha sido la falta de coordinación entre los distintos organismos implicados «en un tema tan importante» como el de las inspecciones.
En su opinión, con la estructura que tiene hoy la Administración en relación a este asunto, no hay garantías de que ciertos EPI «protejan realmente al trabajador, sobre todo a raíz de la liberalización del textil y la entrada en el mercado español de productos procedentes de países en vías de desarrollo, más baratos, pero de dudosa calidad en algunos casos».
Asimismo, criticó los retrasos que se producen en los Organismos Notificados que son los encargados de realizar la certificación de los equipos, demoras que «incluso llegan al año y medio». Estos retrasos «suponen un grave perjuicio para las empresas españolas que tratan de competir con los bajos costes de las compañías asiáticas».
CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN
A toda esta problemática se suma la falta de homogeneidad en los criterios aplicados para la certificación, que originan una competencia desleal dentro de la propia Unión Europea, que en ocasiones provocan que haya EPI certificados con indicadores diferentes. Por ello, señaló que con esta situación se corre el riesgo no sólo de que se recurra a certificar en otros países «con la pérdida de tecnología y puestos de trabajo que esto supone, sino, que se acuda a organismos con bajo nivel de exigencia».
De esta forma, el acudir a otros países en busca de una certificación menos rigurosa se tienen menores garantías y unos niveles más bajos de seguridad para los trabajadores, lo que supondría un descenso de la fiabilidad de los equipos de protección personal «que se traduce en un aumento de los riesgos de accidentes».
PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN
Expositor destacó también el papel que tiene que jugar la Administración en materia de prevención y sanción, que, en su opinión, «no debe volver la espalda a unos hechos que están poniendo en juego la seguridad laboral y el empleo de miles de personas».
Al mismo tiempo, aseguró que es necesario, en ciertos sectores, «imponer periodos obligatorios de formación previa a los trabajadores sobre los riesgos que se van a encontrar en determinados puestos de trabajo y los medios de prevención que están en disposición de exigir, tanto a nivel colectivo como individual».
En este sentido, abogó porque la iniciativa en materia de seguridad laboral parta también desde el trabajador, «que debe poseer una formación adecuada en este sentido que le permita reducir su exposición a riesgos innecesarios en el desempeño de sus labores».
Expósito apuntó que las escuelas básicas sectoriales de carácter público, con la participación del resto de actores de la economía del país, «garantizarían que los recursos disponibles para la formación continua de los trabajadores se utilizaran para este propósito sin camuflar la financiación de terceros».
Finalmente, el gerente de ASEPAL resaltó la necesidad de homogeneizar los criterios de los organismos notificados que certifican los productos, y de establecer controles efectivos que ayuden a detectar la distribución o el uso de bajas de calidad, en el lugar de fabricación, en las redes de venta y en los puestos de trabajo.
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