Dolors Hernández, responsable de Salud Laboral de UGT, ha afirmado hoy que la elevada siniestralidad laboral que se registra cada año en España está relacionada con la falta de introducción de una «cultura de prevención» por parte de las empresas, «en todos los niveles jerárquicos y en todos los puestos».
Hernández considera que España posee un «buen marco normativo» para prevenir los accidentes laborales, pero, por contra, existe una «falta de integración de la prevención en la empresa».
Este es uno de los factores que sitúa a España a la cabeza de las estadísticas de siniestralidad laboral en Europa, con cerca de un millón de accidentes durante el 2005, de los que 999 fueron mortales. Del conjunto de la Unión Europea, España acumula el 20% del total de víctimas en accidentes de trabajo.
Además, a éste se unen problemas tales como la falta de formación de los empleados, la temporalidad, la rotación y la subcontratación, aspectos que elevan el riesgo de sufrir un siniestro. Para contrarrestar estos factores, Hernández destacó la utilidad de poner en marcha campañas de formación, especialmente entre los trabajadores inmigrantes, que en muchos casos se encuentran con la barrera añadida de no conocer el idioma.
Dolors Hernández criticó el que la filosofía de la prevención se haya centrado hasta el momento en un plano meramente «burocrático, de tener los papeles en regla para cuando venga la Inspección de Trabajo».
Con ese espíritu, muchas empresas han optado por exteriorizar los servicios de prevención, para que le elaboren la evaluación de riegos y nada más. En muchos casos, incluso, esta labor era desarrollada por las mutuas de accidentes y EP, que, a pesar de su carácter público, realizaban complementariamente esta labor con carácter privado.
Ello había convertido el mercado de la prevención en algo «perverso», puesto que conllevó que las empresas privadas tuvieran que reducir costes para ser competitivas, midiéndose su labor en términos de costes en lugar de en calidad de servicio. «Ahora que la Ley señala a las empresas como responsables directas de la seguridad -aunque puedan seguir asesorándose con servicios ajenos- y que las mutuas ya no pueden desarrollar esta doble faceta, podrá mejorar la gestión y primarse la calidad», añadió.
Hernández confió en poder alcanzar las cifras que maneja el Ministerio de Trabajo que prevén una reducción del 20% en los accidentes laborales en los próximos años, que acercarían a España a la media europea, con la aplicación de todas las medidas correctoras, lo que exige el compromiso firme de todas las partes implicadas: administraciones, empresas y agentes laborales.
A este respecto, subrayó la necesidad de potenciar el papel de las Inspecciones de Trabajo a nivel estatal y autonómico, duplicando los recursos humanos con la incorporación a las tareas de inspección de los técnicos especializados en prevención de las Comunidades Autónomas.
«Sería sumar a los 800 inspectores que existen a nivel nacional -de ellos, 400 especializados en prevención-, otros cuatrocientos técnicos, lo que duplicaría el número actual», dijo. Asimismo, señaló la importancia que para evitar los accidentes graves va a tener la creación de una fiscalía especial de siniestralidad laboral, que se puso en marcha el pasado mes de marzo.
Hasta ahora, algunas muertes producidas en el ámbito laboral quedaban «impunes por falta de pruebas», y lo que pretende esta figura es coordinar a todos los implicados en la investigación precisamente para combatir la impunidad.
«Este Fiscal es un aviso para los empresarios, para que sepan que los casos de accidentes laborales pueden ser enjuiciados, porque el que sólo un 15 por ciento de los casos de accidentes graves hayan ido a juicio es un dato que hace reflexionar a cualquiera», concluyó.
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