20 de septiembre de 2024
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO SE VINCULARÁ DE FORMA MÁS EFICAZ CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SECTORIAL

LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO SE VINCULARÁ DE FORMA MÁS EFICAZ CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SECTORIAL

El pasado 7 de febrero de 2006, las organizaciones sindicales y empresariales, y el Gobierno firmaron el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo (AFPE), con el que se avanza en una de las prioridades sindicales: la integración de la Formación Continua y ocupacional. En la negociación de un nuevo modelo de formación para los trabajadores, los sindicatos se plantearon como objetivo corregir la falta de reconocimiento y acreditación de la formación recibida; la rigidez de la normativa reguladora que dificultaba la participación, especialmente de trabajadores con contrato temporal; la escasa adaptación entre la formación y las demandas del sistema productivo; y la falta de estructuras públicas.
El AFPE avanza en la vinculación con la negociación colectiva sectorial; el reconocimiento del derecho personal a la formación; la mejora de las posibilidades de empleo para los trabajadores y de la competitividad para las empresas; la acreditación de competencias profesionales dentro del Sistema Nacional de las Cualificaciones; la unidad de caja de la cuota de FP; la coordinación entre las Administraciones; y la transparencia del modelo.
Igualmente, el Acuerdo de Formación Profesional para el Empleo señala que la formación como materia laboral es competencia del Estado y es el instrumento idóneo para hacer compatible la promoción personal y profesional de los trabajadores con la mejora de la competitividad de las empresas. A su vez, el acuerdo ofrece más oportunidades de acceso para colectivos con especiales necesidades: no cualificados, mayores de 45 años, mujeres, personas con discapcidad, víctimas de violencia de género, inmigrantes y trabajadores de pymes.
Finalmente, el AFPE afianza el protagonismo sindical en la empresa, en las comisiones paritarias y como interlocutor social con la Administración central y autonómica; establece, a partir de 2007, un aumento de fondos al margen de la cuota de formación que pagamos trabajadores y empresarios; y profundiza en los mecanismos de control, seguimiento y calidad de la formación.

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