El coordinador de la sección de Siniestralidad Laboral del Ministerio Público, Juan Carlos López Coig, ha solicitado en la memoria que se remitirá al fiscal general del Estado la creación de una Policía Judicial especializada en seguridad e higiene en el trabajo, dedicada a detectar infracciones y elaborar «atestados» sobre el incumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Para el togado, de esta manera se agilizaría la tramitación de diligencias y la instrucción de los casos, ya que en la actualidad «se dan grandes dilaciones» en esta materia.
La Fiscalía de Siniestralidad Laboral recibió el año pasado 34 denuncias contra empresas que no cumplían la normativa de seguridad e higiene en el trabajo, aproximadamente las mismas que en el 2004. De la cifra total, 15 fueron por delitos de riesgo, seis referentes a accidentes mortales y tres a siniestros en los que hubo heridos graves.
La mayoría de denuncias correspondían al sector de la construcción. En cuanto a los accidentes, todos se refirieron a precipitaciones y aplastamientos , excepto uno referido a una electrocución.
Según López Coig, la mayoría de las denuncias fueron remitidas por la Inspección de Trabajo, aunque varias de ellas fueron realizadas por CC OO y algunas por particulares. Para el fiscal, el sindicato se ha convertido en «un valioso colaborador», ya que muchas de sus actuaciones son de oficio, después de haber visitado obras por propia iniciativa.
«Cuando la denuncia la realiza la Inspección de Trabajo tarda más en remitirse a la Fiscalía, y a veces cuando el juzgado va a verificar la denuncia la obra ya se ha acabado», señala López Coig. Sin embargo, si la infracción se pone en conocimiento ante el Ministerio Público por parte de un particular o de CC OO, las diligencias de investigación «se agilizan».
El fiscal lamentó las dilaciones existentes en materia de siniestralidad laboral. «Desde que se detecta la infracción hasta que el caso llega a juicio pueden pasar años», señala. De hecho, hace poco se juzgó un caso de accidente de hacía casi una década. Con el fin de dar más rapidez a estos procesos y que la respuesta sea inmediata, «es imprescindible crear una brigada de policía judicial especializada que levante atestados».
Prevención
Para López Coig, la función de la brigada policial de siniestralidad laboral sería básicamente preventiva. Su misión sería recorrer las empresas y levantar atestados cuando «se incumpla el artículo 316 del Código Penal», según el cual es un delito no facilitar a los empleados los medios necesarios para garantizar su seguridad, aunque no haya habido ningún accidente.
«Aún no nos hemos concienciado de que las personas que no ponen los medios necesarios para que sus trabajadores estén seguros son delincuentes, aunque no haya habido accidentes», señaló López Coig.
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