Esta medida, junto a otras como la de publicar las condenas a las empresas incumplidoras, pretenden reducir la siniestralidad en España
Los inmigrantes que sufran un accidente laboral del que se deriven acciones penales y que denuncien el incumplimiento de las medidas de seguridad en las empresas en las que estén empleados podrán recibir como compensación y a propuesta del Ministerio Fiscal la regularización de su situación, según anunció hoy el Fiscal de Siniestralidad Laboral, Juan Manuel De Oña.
"El inmigrante víctima de algún tipo de infracción en las medidas de seguridad de la que se derive una acción sea penal, sea con resultado lesivo o de riesgo, debería ser regularizado", manifestó De Oña. En este caso, el trabajador inmigrante que apareciese como denunciante podría ser propuesto por el fiscal para ser regularizado como "compensación" por las condiciones de trabajo a las que se ha visto sometido.
En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, De Oña señaló que esta es una de las medidas que se plantea para conseguir reducir las cifras de siniestralidad laboral en España entre los trabajadores inmigrantes, uno de los colectivos donde los accidentes tienen una mayor incidencia.
Por otro lado, frente a las empresas incumplidoras, se ha adoptado la decisión de hacer públicas, "en los casos importantes", las acusaciones o sentencias condenatorias dictadas contra un determinado centro de trabajo donde no se ha respetado la normativa de prevención riesgos laborales.
Esta iniciativa se origina paralelamente a la de poner en marcha una campaña específica sobre las empresas de alta siniestralidad de ámbito supraautonómico por parte de la Comisión Nacional de Salud y Seguridad y que afectará a 257 empresas de distintos sectores que tienen la característica de tener un alto índice de siniestralidad en comparación con empresas del mismo sector.
Para De Oña, una campaña de estas características tiene que ser acogida "favorablemente", puesto que "si el no tener accidentes es un distintivo de calidad, y se destaca como algo positivo, también habrá que resaltar lo negativo".
LA SANCIÓN PENAL, MAYOR EFECTO DISUASORIO
Según afirmó, el objetivo que persigue como fiscal de Siniestralidad Laboral es la de lograr que la posible sanción penal que pueda derivarse de un accidente laboral tenga un "efecto disuasorio" sobre las empresas incumplidoras, y su papel, el de "promover la acción de la justicia para que la ley se aplique en toda su eficacia".
En su opinión, la sanción económica que se impone desde el ámbito administrativo resulta "insuficiente" para reducir el número de accidentes laborales, entre los que España se sitúa en el pelotón de cabeza de la UE.
Consideró que si se quiere lograr que la ley tenga un efecto disuasorio, "no todo puede equivaler a una sanción económica". "Lo deseable sería combinar una pronta sanción económica con la sanción penal", dijo.
Sin embargo, y según han denunciado los sindicatos, el pago de las multas se dilata en exceso en el tiempo, y no se controla lo suficiente, para lo que De Oña recordó que sería necesaria una modificación legal que permitiese, por ejemplo, exigir el pago de la sanción previamente a la interposición de cualquier recurso por parte de la empresa sancionada.
En este sentido, destacó su intención de "intensificar la persecución de los delitos de riesgo y actuar de forma enérgica contra ellos en los procesos penales".
LA RED DE FISCALES, LOS INSPECTORES Y LA POLICÍA
El fiscal de Siniestralidad Laboral destacó que entre sus funciones resalta la de coordinar y fijar criterios de actuación en toda la red de fiscales especializados que quedó completada a principios de verano.
Lo que todavía está pendiente es la implantación de un sistema común, que cuente con un "buen" operativo informático que contenga datos estadísticos "fiables" sobre los casos que llegan a los tribunales, ya que en la actualidad, existe un amplio desfase entre los accidentes que llegan a los juzgados y los que realmente tienen lugar.
Otro de los pilares de la estructura es el cuerpo de inspectores de trabajo, cuya labor es "fundamental" en las labores de prevención, vigilancia y control. Por ello, desde su nombramiento a principios de abril de 2006, De Oña ha apostado por la coordinación entre ambas instituciones, que a su juicio, ha resultado "muy fructífera" y que se mantendrá de forma "permanente".
Sobre si el número de inspectores es el suficiente o no, se limitó a reconocer el "esfuerzo" realizado por parte de la Administración para crear nuevas plazas, pero también se mostró comprensivo con las demandas de insuficientes que hacen los sindicatos obreros, reconociendo que "cuantos más haya, mejor".
Respecto a la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de crear una brigada de 60 agentes que recibirán una formación específica en materia laboral para encargarse de los casos de accidentes laborales que se produzcan en su ámbito de actuación, De Oña la calificó de "extraordinariamente importante" y deseó que este ejemplo se extienda a otras administraciones y a otros cuerpos de seguridad como la Guardia Civil, para lo que ya se han mantenido contactos con el Ministerio de Interior.
BALANCE "POSITIVO" Y BUENAS EXPECTATIVAS
A pesar que las cifras de siniestralidad correspondientes al primer trimestre del año fueron negativas, registrando un crecimiento del 4,7 por ciento, De Oña se mostró confiado en que las medidas que van a ponerse en marcha vayan "recogiendo resultados" a lo largo de los próximos meses.
De hecho, su balance de estos cinco meses al frente de esta Fiscalía de Siniestralidad Laboral es "positivo", ya que se han dado algunos pasos necesarios para poder poner en marcha el sistema, tales como la creación de la red de fiscales especializados, que en muchos lugares de España ya existían pero en otros no.
Asimismo, en este periodo "se han mantenido contactos con los sindicatos y la patronal, con los técnicos de prevención de riesgos laborales y demás agentes que intervienen en esta cuestión para conocer sus puntos de vista".
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