La Generalitat firmó ayer un convenio con la Asociación de Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes (Aerte), la Unión de Mutuas (UM) y el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), para estudiar las necesidades y los riesgos laborales de los profesionales de los centros de atención a personas dependientes.
El objetivo de este acuerdo es introducir avances en materia de investigación y desarrollo en este sector, según explicó el conseller de Empresa, Universidad y Ciencia, Justo Nieto, quien señaló que este proyecto engloba únicamente a las residencias privadas de la Comunitat Valenciana.
A la firma de este convenio, enmarcado dentro del Plan de Competitividad del Sector Sociosanitario, asistieron también la presidenta de Aerte, Ana María García; el gerente de la UM, Juan Enrique Blasco; el director del IBV, Pedro Vera así como el responsable de I+D del mismo centro, Carlos García, y el rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Juan Juliá.
Carlos García explicó las fases del proyecto que se pondrá en marcha con este convenio, y que comenzará con una revisión de todos los estudios realizados sobre el tema de ámbito nacional e internacional. Una vez estudiados, un grupo de expertos establecerá las necesidades del proyecto y los centros a analizar, para luego realizar el trabajo práctico de campo en los centros de la Comunitat.
El responsable de I+D del IBV concretó que, tras recopilar la información, un grupo de expertos planteará propuestas, alternativas y normas de trabajo para prevenir riesgos laborales, con lo que elaborarán un contenido a difundir. Posteriormente, añadió García, "se creará un grupo asesor de control que velará por el cumplimiento de lo establecido". Finalmente, afirmó que prevé que este trabajo dure un año, aunque manifestó su intención de "empezar a volcar los primeros resultados en 8 ó 9 meses".
Nieto destacó que el sector de la asistencia a personas dependientes constituye "una oportunidad de negocio, que además de redundar en beneficios humanos y en la calidad del servicio, genera trabajo y caracteriza a la Comunitat como una sociedad avanzada".
Por ello, la conselleria invertirá, a través del IMPIVA, 48.000 euros para "impulsar el sector sociosanitario como sector económico de impulso junto al sector biomédico", del total de 90.000 euros que costará este proyecto.
Por su parte, Ana María García calificó de "imprescindible" el estudio que se hará "para conocer y prevenir los problemas de salud y seguridad en el trabajo de las personas que asisten a personas dependientes" y resaltó su "utilidad", ya que, a su juicio, "podrá traspasar sus ámbitos y servir no sólo al subsector de residencias sino también para otros profesionales en el ámbito familiar, de ayuda a domicilio o centros de día para mayores y dependientes".
300.000 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
Juan Enrique Blasco destacó el "yacimiento" que supone "el campo de la atención a personas en situación de dependencia con una potencialidad de empleo emergente estimada de creación de 300.000 nuevos puestos de trabajo en toda España", sobre todo teniendo en cuenta la reciente aprobación de la Ley de Autonomía Personal y Atención de Dependencia.
En este sentido, el gerente de la UM comentó el "reto de aplicar criterios preventivos en una actividad donde la experiencia es limitada" y señaló que "éste es el sentido del convenio que se acaba de firmar, presentar una propuesta de gestión preventiva adecuada a las circunstancias de trabajo de atención a la dependencia adelantándose al crecimiento previsible del sector para hacer efectiva la protección de la salud de los trabajadores".
Añadió que una "peculiaridad" del proyecto es que se ha gestado en un marco de colaboración empresarial como es el de la Acción Estratégica de Promoción del Sector Sociosanitario, algo a lo que se refirió como un "ejemplo de sinergia empresarial en materia de innovación".
Por otro lado, apuntó que el convenio será el "el primer paso de un camino" que habrá de completarse con otras iniciativas "para convertir el sector sociosanitario de la Comunitat en un sector puntero en cuanto innovación y competitividad".
El rector de la UPV expresó el "compromiso social de las universidades", que, a su juicio, "es la respuesta a las demandas que la sociedad viene formulando", donde una de ellas "es la atención a la dependencia, de enorme interés social", por lo que se mostró satisfecho de la participación de la UPV en el proyecto, a través del IBV.
DEPENDENCIA EN ESPAÑA Y EN LA COMUNITAT
La presidenta de Aerte explicó que, en los últimos años, "tanto la población de más de 65 años como la de más de 80 años se ha duplicado, lo que ha aumentado el número de personas dependientes debido a su longevidad, al aumento de la tasa de supervivencia, o de enfermedades crónicas y congénitas", entre otras causas, con lo que actualmente hay en España 1.900.000 personas dependientes.
Estas cifras, unidas, según señaló Ana María García, a la "crisis del tradicional apoyo familiar" han aumentado la presencia empresarial en servicios a personas dependientes y mayores, con lo que en España hay cerca de 5.000 residencias, de las cuales el 74 por ciento depende de empresas privadas y en en ellas trabajan 185.000 personas que asisten a 248.000 personas.
En la Comunitat, se prevé que a finales de 2006 haya 24.000 plazas en residencias para personas en situación de dependencia, de las cuales el 78 por ciento será plazas en centros de gestión privada en los cuales trabajarán 12.600 profesionales.
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