El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que la Inspección de Trabajo pondrá en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, a partir de principios de noviembre, todas las actas de accidentes laborales graves o mortales de las que puedan derivarse responsabilidades de orden penal, para que ésta las analice y decida la apertura de procesos judiciales.
Gómez, que participó en el acto de clausura de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada por la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, precisó que esta medida está enmarcada en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo, que actualmente negocia el Gobierno con los agentes sociales.
Otra de las medidas incluidas en la estrategia indicada por Gómez es un sistema de bonificaciones para aquellas pymes que obtengan mejores resultados en sus niveles de siniestralidad, vayan más allá de sus obligaciones legales en esta materia o pongan en marcha servicios de prevención propios. En este caso, estas empresas obtendrán una reducción porcentual en la cotización en la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales "durante un tiempo determinado".
En declaraciones a los periodistas, Gómez señaló que aún no se ha precisado la cuantía de estas reducciones, ni tampoco en qué momento se pondrán en marcha, ya que el calendario de la estrategia, que tendrá una vigencia de cuatro años, aún no ha sido establecido. No obstante, sí concretó que ésta contemplará medidas inmediatas, a medio y a largo plazo.
Asimismo, el secretario general de Empleo señaló que aquellas pymes que dispongan de un trabajador específicamente encargado de la prevención de riesgos laborales tendrán una reducción de la cuota por accidente laboral o enfermedad profesional que la empresa paga por él, en este caso, mediante una cantidad a tanto alzado.
El primer documento sobre la Estrategia de Salud y Seguridad en el Trabajo ha sido entregado recientemente por el Gobierno a los interlocutores sociales, quienes lo están estudiando estos días.
Este documento será aprobado por las partes, según las previsiones del Gobierno, a mediados del mes de diciembre. Hasta entonces, y a partir del próximo 8 de diciembre, el Ejecutivo se reunirá con los agentes sociales una vez por semana, de forma que tendrán lugar cuatro encuentros en el mes de noviembre y otros dos en en diciembre.
DE LA PREVENCIÓN A LA COMPETITIVIDAD.
Por otro lado, Gómez señaló que uno de los objetivos de la estrategia que se está negociando es lograr una "cambio cultural" en el seno de las empresas, de forma que la prevención sea "el eje vertebrador de su competitividad".
Con este objetivo, el plan global contra la siniestralidad incluye medidas directamente dirigidas al empresario en los ámbitos del fomento de la integración de la prevención, equilibrando la utilización de recursos propios y ajenas, la limitación de la carga administrativa asociada al cumplimiento de obligaciones preventivas en el ámbito de la microempresa, combinando el control normativo de las autoridades laborales con medidas de apoyo financiera y de asistencia, y fomentando un mayor compromiso de los trabajadores y sus representantes en las acciones preventivas.
Además, el secretario general de Empleo determinó como otro de los ejes clave de la estrategia la aportación de más instrumentos en la lucha contra los accidentes laborales, algo que vino a calificar de "impulso renovado de las políticas públicas".
En este sentido, aseguró que la nueva estrategia multiplicará la capacidad financiera del propio Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En la misma línea, Gómez puso énfasis en los esfuerzos que se desarrollarán en los ámbitos de la información y la investigación, con el fin de conocer mejor las causas de los accidentes y poder enfocar mejor las acciones preventivas.
Para ello, la estrategia contempla la creación de un observatorio, que estará operativo desde el próximo año, y que recabará información útil para orientar las políticas preventivas y para evaluar los resultados de las mismas.
Gómez se mostró tajante al señalar que el Gobierno "perseguirá un acuerdo en esta materia hasta el final", algo que, aseguró, "no será un objetivo fácil", aunque sí necesario dados los "inadmisibles" niveles de siniestralidad.
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