El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto Real ha imputado a cuatro personas por el accidente laboral ocurrido en julio de 2003 en la planta de Dragados Off-Shore de Puerto Real, cuando un elevador cayó desde unos 15 metros de altura y causó heridas a 13 trabajadores: 11 que iban en el interior del ascensor y otros dos que se encontraban en las inmediaciones.
Un auto, que no es firme y contra el que cabe recurso de reforma ante el mismo Juzgado, considera que hay indicios de que los hechos pueden constituir un delito contra los derechos de los trabajadores del que serían responsables T.C., cuya empresa fue subcontratada por Dragados e instaló el elevador, M.A.D., encargado del proyecto del módulo IPC-78-C de la plataforma petrolífera en la que se encontraba el ascensor, J.F. encargado del proyecto de la plataforma, y F.J.M., jefe de mantenimiento.
El accidente ocurrió hacia la una de la tarde del 2 de julio de 2003 en el módulo IPC-78-C de la plataforma petrolífera que por esas fechas se estaba construyendo en la planta puertorrealeña de Dragados por encargo de Pemex (Petróleo de México).
Un escrito de la Fiscalía, que pedía al Juzgado que continuase con el procedimiento penal y que imputase a cuatro personas, explica que la empresa que instaló el elevador omitió las mínimas medidas de seguridad en el montaje del ascensor. El escrito indica que el responsable de esa empresa carecía de proyecto firmado por técnico competente y visado por Industria, no estaba dado de alta como montador o instalador y mantenedor de aparatos elevadores en el momento del accidente y no llevó a cabo los protocolos de pruebas ni de inspección de la terminación del montaje. La Fiscalía agrega que ese imputado tampoco tenía libro de registro de montaje y mantenimiento ni había llevado a cabo, ni durante el montaje del elevador ni después, las cuatro pruebas del dispositivo paracaídas, a pesar de que, conforme al subcontrato, era el obligado a ello.
Sobre los otros tres imputados, el escrito de la Fiscalía señala que ninguno de ellos tuvo en cuenta ni comprobó que la empresa que instaló el elevador cumpliese los requisitos legales para llevar a cabo la actividad. Tampoco comprobaron, agrega, que fuesen cumplidas las instrucciones del fabricante en cuanto a las revisiones periódicas del aparato, ni respecto a las pruebas que cada tres meses debían de llevarse a cabo sobre los mecanismos de seguridad y en concreto respecto al sistema de freno paracaídas, de modo que fue omitida la exigencia del libro de registro y montaje y mantenimiento, de proyecto, de certificado de montaje y de contrato de conservación con empresa debidamente autorizada, conforme exige el reglamento de aparatos elevadores de obra.
Entre otras diligencias, la Fiscalía propone al Juzgado que determine el domicilio de un técnico de la empresa fabricante del elevador para que pueda ser citado al juicio. La Fiscalía indica en su escrito que consta que ese técnico estuvo presente en las reuniones que hubo en la empresa Dragados tras el accidente. Además de un delito contra los derechos de los trabajadores, la Fiscalía también ve indicios de un delito de lesiones imprudentes.
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