La Inspección de Trabajo levantó durante el año pasado 37.949 actas de infracción por incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral. La cuantía de las multas superó los 117 millones de euros, pero sólo se recaudó un 10% de ese importe, según Ángel Cárcoba, de CCOO. A su juicio, sería conveniente cambiar la ley para poder cobrar las infracciones antes de que las empresas planteen los recursos.
De esta manera, la voz del sindicato se suma a la serie de proyectos y propuestas lanzadas por diversos interlocutores en los últimos meses para encontrar medidas que bajen el índice de siniestralidad laboral de España. No obstante, el diálogo social, emprendido entre Gobierno, empresarios y sindicatos, ha sufrido recientemente un fuerte revés. Se encuentra roto por la rotunda oposición de CEOE a la creación con carácter obligatorio del delegado sindical territorial.
Los accidentes de trabajo se cobran cada año alrededor de 1.000 vidas. El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, mantiene que la reforma de la norma en el sentido reclamado por CCOO no serviría de mucho, porque enseguida aparecerían sociedades especializadas en retrasar el pago de las multas, tal y como ocurre en la actualidad con las infracciones de tráfico.
Cárcoba recuerda que los Estados de menor siniestralidad laboral de la Unión Europea son el Reino Unido, Holanda y los países nórdicos. El motivo de su situación obedece a que «tienen establecido el principio de 'solvet et repete', es decir, el de primero pagar y después recurrir». «También cuentan con otras normas disuasorias como la que considera a los muertos en el trabajo como 'asesinatos de corporación'», añadió.
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